Opinión de la Unión Progresista de Fiscales sobre la huelga de los Jueces

La Unión Progresista de Fiscales en un comunicado denominado "DEBATE SOBRE NECESIDADES DE LA ADMON. DE JUSTICIA" da su opinión sobre la huelga o paro de los jueces.

Forma de las reivindicaciones.-

En primer lugar, es evidente que la Unión Progresista de Fiscales debe posicionarse respecto de los paros que como forma de protesta se han propuesto por algunos sectores de la carrera judicial y de los secretarios judiciales. Pues bien, con independencia de que la ciudadanía difícilmente va a entender los paros en los escalones superiores de la administración de justicia, en caso de producirse, lo cierto es que paralizar un servicio público esencial, siquiera un día, no parece el cauce más adecuado para formular peticiones en materia de política judicial, y en este sentido la Unión Progresista de Fiscales no es partidaria de “huelga” ni paro alguno. Jueces y Fiscales contamos con cauces de expresión de nuestras opiniones y peticiones en materia de política judicial más que suficientes. Lo cierto es que las opiniones expresadas son constante foco de atención periodística y vienen teniendo por ello el oportuno eco en los medios de comunicación, de forma que son sobradamente conocidas por la ciudadanía. No se entiende qué puede aportar un paro que no sea munición a quienes se limitan considerar que somos colectivos privilegiados, consentidos y corporativistas sin más. A ello se une la dificultad de fundar legalmente la viabilidad del ejercicio de un derecho de huelga que resulta incompatible con el carácter de Poder del Estado que los jueces ostentan (poder que, en este peculiar supuesto, es de titularidad no colectiva sino individual de cada juez) y que, por extensión, resulta difícilmente justificable en el caso de los fiscales.En cualquier caso, dejando de lado el debate jurídico abierto acerca del derecho de huelga, la responsabilidad institucional que nos es exigible y, sobre todo, la consideración hacia los ciudadanos, debe excluir cualquier radicalismo en las actividades reivindicativas. No es la protesta en sí la que otorgará legitimidad a las peticiones. Ahora bien, debemos exigir como mínimo la misma responsabilidad institucional al resto de poderes públicos, en particular al Ejecutivo, de quien se requiere una actitud decidida y dispuesta a abordar las mejoras que se estiman ineludibles, así como apertura al diálogo con las asociaciones profesionales, sin descalificaciones ni manifestaciones que puedan ser tomadas como injerencias en el funcionamiento ordinario de la administración de justicia.