Interinos en Canarias

Fuente: laopinion.es


Seis de cada 10 funcionarios de Justicia en las Islas, interinos
En Arona, de 126 trabajadores en los juzgados, sólo cuatro ganaron su plaza

BELÉN MOLINA-EFE SANTA CRUZ DE TENERIFE-MADRID Más del 57 por ciento de los funcionarios en la Administración de Justicia en Canarias son interinos y muchos de los que han accedido a una plaza ni siquiera tienen conocimientos de Derecho. El dato es más alarmante en algunos partidos judiciales, como Arona, donde de 126 funcionarios, sólo cuatro tienen la plaza ganada por oposición. Canarias es así una de las comunidades autónomas con mayor interinidad del Estado en materia de Justicia. Este es uno de los ejemplos de falta de medios o medios precarios que los jueces han puesto sobre la mesa en sus reivindicaciones por la mejora de dotación de los juzgados, a la espera de que se implante el nuevo modelo de oficina judicial, en enero de 2011, que exige mayores titulaciones al personal al servicio de la Administración de Justicia. Esa interinidad es una de las claves del actual funcionamiento de los juzgados, que revierte también en los jueces, secretarios judiciales y el propio cuerpo de funcionarios. Al igual que ocurre con los funcionarios ocurre con los jueces, con un alto porcentaje de sustitutos que en la práctica vienen a ser interinos. "Necesitamos al menos 20 jueces por cada 100.000 habitantes, es decir, el doble que en la actualidad", afirma el juez decano de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis de Lorenzo Bragado. Esa sería la media europea por población, aunque en algunos países como Alemania, la tasa alcanza a 40 jueces por cada 100.000 habitantes. En resumen, el problema de la Justicia, indica Lorenzo Bragado, pasa "por una mayor esfuerzo de inversión. Es necesario doblar la planta judicial".Este es uno de los ocho puntos en la tabla reivindicativa que las asociaciones de jueces pactaron el pasado lunes para convocar paros el 18 de febrero y una huelga el 26 de junio.

Reunión y apoyos

Por su parte, el Ministerio de Justicia convocó ayer a las asociaciones judiciales a una "reunión urgente" fijada para el día 26 para analizar las reivindicaciones de la carrera judicial, cuyas protestas siguen sumando apoyos, como el de los jueces decanos, que han suscrito un documento en el que apoyan la huelga.En el escrito que Justicia ha remitido a las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente(FJI)-, el Ministerio apela al "espíritu de diálogo" en interés de la Administración de Justicia y de los ciudadanos.Estas asociaciones amenazan con huelga si en esa fecha no obtienen respuesta a sus reclamaciones. Tras esa advertencia, los representantes de las asociaciones judiciales han acogido la convocatoria del Gobierno como una muestra de voluntad política, pero esperan que no se reduzca a una "mera declaración de intenciones" y que el Ejecutivo responda a alguna de sus peticiones.Al tiempo que el Gobierno reiteraba su voluntad de diálogo, las protestas de las asociaciones obtenían el respaldo de los jueces decanos, que ayer entregaron al CGPJ sus propuestas para modernizar la Justicia. Texto suscrito por los jueces decanos de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca.

El Gobierno insiste en dialogar

efe

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Gobierno está dispuesto a hablar con las asociaciones judiciales y a actuar para mejorar la situación de la Justicia. "Si las asociaciones judiciales quieren hablar, siempre nos van a encontrar en la vía de poder hablar. Aquí estamos", respondió Fernández de la Vega al ser preguntada por el acto de protesta convocado en todas las sedes judiciales el 18 de febrero. En declaraciones a los periodistas tras visitar la sede del Boletín Oficial del Estado, la vicepresidenta recalcó que el Ejecutivo ha actuado ya para mejorar la Justicia, un objetivo en el que, según dijo, se ha invertido más en los últimos cuatro años que en los ocho anteriores. Preguntada por si defiende el derecho a la huelga de los jueces, respondió que su posición " es transmitir" que el Ejecutivo "estará dispuesto a hablar".