Justicia incumple con el Estado y cierra 2008 con un déficit de personal del 10%
Aunque para la transferencia de las competencias en materia de Justicia el Gobierno de Canarias se comprometió con el Ministerio a incrementar la plantilla en un 5% cada ejercicio, la Consejería no ha cumplido con este acuerdo en los dos últimos años, dejando de crear un total de 128 nuevas plazas.
La falta de personal en la Administración de Justicia en Canarias parece que lejos de solucionarse no hace sino aumentar a juzgar por el déficit con el que se va a cerrar este año, que se sitúa en un 10%. En concreto, durante este ejercicio la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias tenía que haber creado un mínimo de 64 plazas como consecuencia del acuerdo firmado en 1997 con el Ministerio de Justicia en el acto de traspaso de las competencias en materia de personal.
En ese acuerdo el Ejecutivo canario se comprometía a que por cada nuevo ejercicio se ampliaría la plantilla en un 5% del total de empleados habidos en 1997, es decir, que cada año debían incorporarse 64 nuevos empleados para equiparar las plantillas existentes con el aumento de la demanda. Sin embargo, ni este ejercicio ni el pasado se han producido dichas incorporaciones, creando un déficit de personal de 128 plazas que los representantes sindicales tachan de "incomprensible".
En ese acuerdo el Ejecutivo canario se comprometía a que por cada nuevo ejercicio se ampliaría la plantilla en un 5% del total de empleados habidos en 1997, es decir, que cada año debían incorporarse 64 nuevos empleados para equiparar las plantillas existentes con el aumento de la demanda. Sin embargo, ni este ejercicio ni el pasado se han producido dichas incorporaciones, creando un déficit de personal de 128 plazas que los representantes sindicales tachan de "incomprensible".
En concreto, el portavoz del sindicato CSI-CSIF en la Administración de Justicia, Mario Sicilia, recuerda que el Gobierno está obligado a crear estas plazas y en la mesa sectorial decidir a qué órganos judiciales se deben incorporar según la necesidad y siempre con la idea de que luego se consoliden, pero esto en la realidad nunca pasa. Lo que realmente sucede es que se alcanzan acuerdos acerca de dónde se debe mejorar la plantilla, en función de la sobrecarga de trabajo y las necesidades, pero luego la Dirección General hace lo que le da la gana, generalmente aludiendo al retraso en los informes del servicio jurídico o a la falta de dinero".
En este sentido, Sicilia hace hincapié en que "nuestra obligación como sindicatos es hacer las propuestas año tras año sobre mejoras en personal, porque hay que tener en cuenta que es prácticamente la misma plantilla que hace 20 años, pero desde hace años se nos dice que no hay disponibilidad presupuestaria y se va dejando".
Concretamente, los puestos que se deberían haber creado en los últimos años afectan fundamentalmente al cuerpo de auxilio judicial, a los peritos forenses y a los agentes judiciales.
"Mientras estas plazas no se creen los trabajadores están sometidos a una sobrecarga laboral que ni siquiera les es reconocida", señala el sindicalista, que aprovecha para recordar que "desde junio los trabajadores ni siquiera tienen reconocido el plus que se tenía para aquellos que, ante la ausencia de un compañero por baja, se veían en la obligación de hacer un doble esfuerzo para sacar adelante su trabajo, pero también el del compañero".
La Comunidad autónoma de Canarias tiene transferidas las competencias en materia de personal de Justicia, lo que significa que es la encargada de realizar los procesos de selección y contratación del personal administrativo, ya que la contratación de los jueces, magistrados, secretarios judiciales y fiscales corre por parte del Ministerio de Justicia. De esta manera puede darse el caso, como efectivamente ya ha sucedido, de que haya más jueces que personal administrativo que lo apoye.
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