Fuente: El País.com
Fuego cruzado en la Justicia
El enfrentamiento entre Junta, magistrados y funcionarios se recrudece. El colapso puede llegar si se suma el ritmo creciente de casos y la ralentización de señalamientos
El enfrentamiento del juez Rafael Tirado con su secretaria, Juana Gálvez, -llegaron a retirarse la palabra- escenifica la gresca que sufre la Justicia. Una pelea que enfrenta con crudeza a los sectores del tercer Poder del Estado, y que esta semana se ha convertido en un todos contra todos: jueces contra Administración, funcionarios contra magistrados, Administración contra jueces... La batalla ha encrespado los ánimos y la escalada de desafíos alerta de un próximo colapso en boca de todos. ¿Exageración? Si continúa el aumento imparable de casos y el recorte de señalamientos previsto por los jueces, no parece un augurio infundado.
El detonante de la crispación actual fue el caso Mari Luz, cuyos errores judiciales pusieron al descubierto el pasado abril la grave descoordinación existente, la saturación y la falta de personal que padecen la inmensa mayoría de los juzgados andaluces. Pero detrás de las negligencias del trágico suceso latía una situación cocinada a fuego lento durante los últimos años. Y ahora el agua está a punto de desbordarse. "No he visto esta desazón en 20 años", confiesa con gesto agrio un magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla.
La convocatoria de huelga que se fragua entre los jueces de todo el país ha sufrido un considerable acicate esta semana en Andalucía. Y es que tras la presentación de un duro informe del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que acusaba a la Junta de improvisación, pasividad e incapacidad para gestionar la plantilla de los juzgados, la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, replicó aún con mayor virulencia contra los jueces. A continuación, el juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, amenazó con señalar en 2009 la mitad de juicios que señala ahora, y el juez decano de Granada, Antonio Moreno, siguió su estela: "El sistema va a reventar no en dos, sino en un año".
El ambiente no podía estar más caldeado. El próximo martes el Consejo General del Poder Judicial decidirá sobre la sanción al juez Tirado, aunque la propuesta del instructor no sobrepasa los seis meses de sanción, muy leve a ojos de la Fiscalía y el Gobierno, que casi hizo de esta decisión su casus belli contra los magistrados.
La actual crisis judicial tiene múltiples raíces. El informe de los magistrados critica de manera severa el absentismo laboral de los funcionarios y el escaso cumplimiento del horario laboral. Los ordenadores que utilizan tienen instalado un sistema de control horario: el trabajador debe meter sus datos al encenderlo por la mañana y apagarlo por la noche. Pero varios jueces coinciden en que los compañeros se cubren entre ellos. "Los funcionarios hacen turnos en todos los juzgados. Unos vienen por la mañana y otros por la tarde. Los primeros encienden todos los ordenadores y los últimos los apagan", asegura un magistrado. Así, oficialmente, consta que todos cubren el horario completo. Además, los funcionarios no están obligados a justificar las ausencias del trabajo hasta el quinto día. "Y claro, las escapadas siempre duran tres o cuatro días, pero son periódicas", comenta un magistrado.
Los problemas se multiplican porque desde 2003, por una reforma legislativa, los funcionarios dependen de la Junta y los jueces y secretarios no tienen potestad disciplinaria sobre ellos. "¿Cómo diriges a un equipo sobre el que no mandas?", interroga un magistrado. La Junta consultaba antaño a los jueces antes de conceder comisiones de servicio a los funcionarios. Ahora ya no. "Hasta 2003 teníamos facultad disciplinaria. Ahora las quejas de jueces y secretarios dan como resultado que los sindicatos te denuncien por acoso laboral. Y va a peor", alerta el juez Conrado Gallardo, presidente del Foro Judicial Independiente. "Mientras, hasta ahora la actitud del TSJA ha sido de absoluta adulación a la Junta", añade.
Los sindicatos se rebelan contra estas acusaciones. "Paradójicamente los funcionarios asumen funciones que no les corresponden, liberando a secretarios y jueces de lo que sí son sus responsabilidades. Somos una víctima más de la nefasta gestión de la Administración", denunciaba en una nota el sindicato CSI-CSIF. Los casos denunciados son numerosos, y ambos sectores coinciden en que falla la inspección. El informe del TSJA es tajante al denunciar que el horario de los funcionarios es "abiertamente incumplido en las horas de entrada y salida".Si de algo nadie duda es de que la saturación de los juzgados ha mermado la calidad de vida de jueces, secretarios y funcionarios. "La madre del cordero es que la Administración quiere cantidad y nosotros calidad. Antes los autos no se motivaban, ahora sí. Yo solo llevo 408 resoluciones este año", explica un juez de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, mientras señala las montañas de papeles que pertenecen a un solo procedimiento. Su compañero añade: "Mi padre y mis hermanos han sido jueces. Mis hijos no lo serán".
La plantilla atribuida a los 617 órganos judiciales andaluces supone 5.898 funcionarios, pero sólo 4.179 de estos puestos de trabajo estaban ocupados cuando se hizo el estudio (el 70,8%). El resto se cubren con una bolsa de interinos y con personas procedentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) "con nula experiencia y sin preparación previa".
El informe del TSJA revela que hay muchos juzgados que funcionan con más funcionarios interinos que titulares. Es el caso de la Sección Tercera de la Audiencia sevillana, donde sólo uno de sus diez funcionarios tiene plaza fija. Lo mismo ocurre en juzgados de pueblos como Alcalá de Guadaira o en el cómputo total de los funcionarios judiciales que ejercen en Huelva capital: 89 titulares frente a 114.
En la ciudad de Sevilla, este desequilibrio se da hasta en cuatro jurisdicciones: Menores, Mercantil, Violencia sobre la Mujer y Penal. Esta última presenta el peor panorama. En sus 13 juzgados trabajan 71 funcionarios interinos y sólo 33 titulares. Sus trabajadores se quejan del exceso de responsabilidad y carga de trabajo, que ha aumentado en los últimos años con reformas del Código penal, que les dan nuevas atribuciones. El caso Mari Luz ha traído también a estos juzgados el "miedo" ("pánico", aseguran algunos) y ha impulsado a muchos a pedir un cambio de destino.
"La Junta alega que no hay presupuesto, pero en penal los papeles del menor delito no pueden esperar. Me gustaría cobrar la peligrosidad que padecemos", afirma una funcionaria.
Aunque el informe del TSJA no lo recoja, también hay juzgados bajo la dirección de jueces sustitutos e incluso juzgados sin juez. Los primeros pertenecen a una bolsa de empleo integrada por profesionales que no son jueces de carrera, sino que han pasado un proceso de selección y son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial. Hay juzgados que funcionan con juez sustituto hace más de 15 años porque ningún juez de carrera quiere hacerse cargo de ellos.
El perfil de destino del que todos huyen es el de pueblos alejados de las capitales o aquellos (casi siempre en pueblos de tamaño medio) famosos por ser "conflictivos". Y, en los últimos años, aquellos juzgados de pueblo que además de llevar los asuntos comunes se hacen cargo de los casos de violencia de género. "Esos trabajan los 365 días del año. No descansan jamás, siempre hay algo y el estrés se hace insoportable", explica un juez.
Ante el aluvión de problemas, la solución más sencilla es un traslado, pese al perjuicio que sufren las investigaciones. Los casos más importantes contra la corrupción en Málaga encadenan jueces instructores. Mientras que por el caso Hidalgo han pasado cinco instructores, el caso Troya acumula cuatro instructores. Las críticas a los jueces arrecian desde los sindicatos y la Administración, casi siempre orientadas hacia su corporativismo. En 2007 hubo 1.843 denuncias de abogados y ciudadanos presentadas directamente ante el Servicio de Inspección del Poder Judicial. Muy pocas prosperaron. Sólo terminaron sancionados 27 jueces, dos de ellos expulsados.
El proyecto de reorganización de los recursos humanos de la Junta estará listo en 2010. La pregunta es obvia: ¿Puede la Justicia esperar otro año a solucionar esta patata caliente?
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