El CGPJ emplaza a los TSJ que controlen la legalidad de las juntas de jueces
02-12-2008
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emplazado a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) a que controlen los acuerdos de las juntas de jueces, en algunas de las cuales se ha decidido ir a la huelga, para determinar su legalidad y evitar que afecten al servicio público.
Los presidentes de los TSJ mantienen hoy una reunión con el presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y vocales de las Comisiones Permanente y de Modernización para estudiar el Plan de Modernización de la Administración de Justicia tras las juntas celebradas los pasados 21 de octubre y 21 de noviembre.
Según ha explicado hoy en rueda de prensa la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, en la reunión se les ha recordado a los presidentes de los tribunales superiores que ellos también son órganos de gobierno y que confían en su colaboración y compromiso para poder determinar si estas juntas de jueces pueden afectar al servicio público.
Para ello, se les ha trasladado el acuerdo que la Comisión Permanente del CGPJ ha adoptado hoy mismo de pedirles formalmente que informen lo más urgentemente que les sea posible sobre si las juntas celebradas el pasado día 21 causaron suspensiones de juicios, lo que tendrán que remitirles por escrito.
También les han destacado la necesidad de revisar y controlar la legalidad de los acuerdos adoptados en las mismas para determinar si son legales o no.
En muchas de las juntas celebradas el pasado día 21 en toda España se acordó volver a reunirse el próximo 21 de enero para decidir si van a la huelga, mientras que otras -como las de Murcia o Extremadura- aprobaron directamente la convocatoria de un paro laboral para el próximo 18 de febrero.
Los presidentes de los TSJ han expresado su preocupación por lo que está sucediendo al considerar que estas juntas son un instrumento para debatir asuntos jurisdiccionales y que el orden del día de las mismas no responde a este carácter, según ha relatado Bravo, que ha señalado que éstos ejercerán sus funciones según establece el Reglamento y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
'No vamos a permitir que los ciudadanos se vean perjudicados por la celebración de las juntas de jueces', ha advertido la portavoz del CGPJ, a pesar de reconocer la legitimidad de 'muchas' de las reivindicaciones de jueces y magistrados.
Bravo no ha precisado las actuaciones que adoptaría el Consejo en caso de que se determinara que alguna de estas juntas ha afectado efectivamente al servicio público de la Justicia ya que ha dicho que hasta que no se disponga de la información no se pueden anticipar.
Respecto a la convocatoria de la huelga por parte de algunas juntas, la vocal se ha mostrado convencida de que los más dos meses que restan hasta el 18 de febrero permitirán reconducir la situación ya que, ha dicho, 'no es un movimiento unánime dentro de la carrera'.
En la reunión, los presidentes de los tribunales superiores han sido informados también de la reforma del modelo de inspección que afronta el Consejo y por el que se suprimirán las 18 unidades de inspección existentes actualmente, de tal forma que se reestructurará su organización.
Mientras se reestructura este servicio, el CGPJ ha pedido a los presidentes que ejerzan sus responsabilidades inspectoras en cada territorio, ha explicado Bravo, que ha dicho que para que la Inspección ejerza su trabajo deben fijarse los criterios del sistema de valoración de las cargas de trabajo de los juzgados y tribunales.
Para ello, está previsto que el órgano de gobierno de los jueces disponga de un documento con una primera valoración de las necesidades de cada órgano jurisdiccional en febrero, con la intención de que el próximo mes de junio estuviera diseñado el nuevo sistema de cargas de trabajo.
Terra Actualidad - EFE
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