Quienes son los nuevos altos cargos de Justicia

Fuente: ecodiario

Un letrado del constitucional, una inspectora del cgpj y una profesora de derecho mercantil, nuevos altos cargos de justicia

MADRID, 20 (SERVIMEDIA) El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aprobó hoy el nombramiento de Caridad Hernández García como nueva directora general de relaciones con la Administración de Justicia; de José de la Mata como director general de Modernización de la Administración de Justicia, y de María Ángeles Alcalá, como nueva directora general de los Registros y del Notariado.

José de la Mata es letrado del Tribunal Constitucional, cargo que desempeña desde octubre de 2003. Licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cádiz.

Caridad Hernández ha sido inspectora delegada del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, desde 1998 hasta abril de 2008. Ha ejercido como juez en Torrejón de Ardoz, Alcorcón y Santander. También ha sido magistrada-juez en Madrid.

La nueva directora general de los Registros y del Notariado, María Ángeles Alcalá, es licenciada en Derecho (1987) y doctora en derecho mercantil (1996) por la universidad de Castilla-La Mancha. Profesora titular de derecho mercantil desde enero de 1998, es autora de tres monografías y coautora de diversas obras con el mismo contenido jurídico.

Fuente: lavosdigital.es

El ministro Caamaño delega en un gaditano «el reto» de modernizar la Justicia
José de la Mata Amaya, elegido nuevo director general de Modernización, se incorpora a un ministerio con una importante representación de Cádiz

Si se escapa la melodía de un tango por los muros del número 45 de la calle San Bernando de Madrid -sede del Ministerio de Justicia- no debe extrañar a tenor de la representación gaditana que existe en el renovado equipo ministerial tras la marcha de Bermejo. Su sucesor, Francisco Caamaño, era ya conocido por estos lares como representante del Ejecutivo central dentro del Consorcio 2012. Al convertirse en ministro, eligió al magistrado de la Audiencia Provincial, Juan Carlos Campo, como secretario de Estado; y ayer se oficializaba la elección de otro gaditano para un puesto de suma importancia dadas las últimas protestas de jueces, secretarios judiciales y funcionarios: la dirección general de Modernización de la Administración de Justicia. Es José de la Mata Amaya, «de Cádiz Cádiz».

Este gaditano ha venido ejerciendo como letrado del Tribunal Constitucional desde 2003 y pese a tener ante sí la patata caliente de impulsar la eterna demanda de adecuar el sistema judicial a los nuevos tiempos para mejorar el servicio que presta a la ciudadanía, cuando recibió la llamada se lo tomó como «un reto». «Pero no sólo para mi sino para todo el equipo del Ministerio. Cuando se me planteó la posibilidad, no lo dudé y lo asumí con ilusión», decía ayer a este medio poco después de hacerse pública la decisión del Consejo de Ministros.

Reconoce que al igual que todos los que están vinculados a la Administración de Justicia, en su cabeza «bullen muchas ideas» para acometer problemas como la saturación, la excesiva complejidad y lentitud en la tramitación de procedimientos o el incremento constante de la litigiosidad. Pero no comparte los diagnósticos más pesimistas que hablan de un enfermo crónico a la hora de referirse a la Justicia. «No lo llamaría así porque tiene un trecho de mejora considerable ante sí. Desde luego que hay mucho por hacer, pero también hay que tener en cuenta un dato; todas las encuestas demuestran que aquellos que hacen una valoración peor son los que nunca han tenido contacto con los juzgados».

Primer paso, concertar

El nuevo director general de Modernización llega a un ministerio que ha atravesado uno de los periodos más convulsos de su historia reciente, con la primera huelga de jueces y un reproche generalizado de falta de diálogo y de cintura del anterior ministro. De las palabras de José de la Mata se desprende que han recogido esa reivindicación: «El primer paso que tenemos que dar es concertar. Poner de acuerdo a todos los agentes implicados para diseñar las líneas maestras. No sólo están las asociaciones profesionales de jueces, que tienen un papel muy importante; también hay que contar con fiscales, abogados y por supuesto instituciones».

Aunque lleva desde 1993 fuera de Cádiz por motivos laborales, sigue informado de la realidad local, las dificultades que tiene la Justicia en una provincia complicada por sus numerosos partidos judiciales, muchos de los cuales soportan una carga de trabajo que no corresponde con su población, caso de Sanlúcar o Barbate. Ante la pregunta de que si teme que a su puerta lleguen muchas demandas gaditanas, por eso de la cercanía, responde: «No es que lo tema, es que lo espero. Quiero tener los teléfonos abiertos ante cualquier problemática y que existan canales de comunicación para no perder detalle. Tengo referencias personales de lo que ocurre en Cádiz, pero es un conocimiento somero».