Caos informático en la Audiencia Nacional

Fuente: ABC.es



«Caos» en la Audiencia Nacional por continuos fallos informáticos

NATI VILLANUEVA
MADRID. El pasado 14 de noviembre el Ministerio de Justicia salía al paso de las críticas recibidas por el funcionamiento del recién estrenado sistema informático Minerva NOJ (Nueva Oficina Judicial), programa de gestión procesal que se implantó como proyecto piloto en Murcia. El Departamento que entonces dirigía Mariano Fernández Bermejo aseguró que esos «fallos clamorosos» de los que alertó la junta de jueces de la jurisdicción penal de la región se subsanarían en 30 días, y hacía hincapié en las enormes ventajas de esta herramienta, con la que «se evitarían -dijo- casos como el de Mari Luz».

Murcia sólo dio la voz de alarma de un cúmulo de deficiencias que no habían hecho más que empezar. Tres meses después, la implantación de Minerva NOJ, sumada a la del sistema de comunicación electrónica Lexnet, que el Ministerio ha puesto en marcha en la Audiencia Nacional, están sembrando diariamente el caos en este Tribunal.

Carta al Ministerio
El 3 de febrero el Decanato de la Audiencia empezó a recoger las incidencias registradas en los juzgados centrales de instrucción. Los problemas venían de más atrás, pero no fue hasta principios del pasado mes cuando se decidió dejar constancia de cada una de las denuncias. Desde entonces han entrado una decena de quejas que han tenido como colofón una carta del juez decano, Santiago Pedraz, al subdirector general de Informática del Ministerio de Justicia. Por ahora no ha habido respuesta.

En esa misiva, fechada el 26 de febrero -tres días después del cese de Bermejo- y a la que ha tenido acceso ABC, el decano alerta de la «grave situación» existente en los juzgados centrales de instrucción por las aplicaciones informáticas, que no funcionan con la «normalidad y regularidad» que los órganos judiciales requieren. «Raro ha sido el día en que la tramitación normal ha sido ininterrumpida (...). Cuando no funciona el servidor no se pueden realizar notificaciones telemáticas a los procuradores en los procedimientos penales», los más delicados y precisamente los que requieren un especial seguimiento por cuanto las consecuencias de una omisión pueden ser devastadoras, como se ha visto en muchas ocasiones, la última, precisamente, en el caso Mari Luz.

Un solo informático
Lexnet, que reduce a escasos segundos las operaciones de envío y recepción de notificaciones, recursos, autos o sentencias a las partes de un procedimiento, «tampoco ha funcionado regularmente», prosigue el texto, hasta el punto de que se han acumulado notificaciones generadas a lo largo de los días, lo que ha provocado un «colapso informático que ha ralentizado» el envío de todas ellas.

«Con todos estos antecedentes se puede suponer el caos administrativo generado y la gran pérdida de horas de trabajo (...)». Además, el Decanato se queja de que sólo se ha podido contar con los conocimientos de un único informático (dependiente de Justicia) para solucionar los problemas que afectaban a la totalidad de juzgados, algo que fuentes de la Audiencia Nacional califican de «indignante». A ello se suma que los juzgados centrales de instrucción sólo disponen de un escáner, herramienta imprescindible para el envío «virtual» de resoluciones. Si el escáner falla, recuerdan las fuentes citadas, «tampoco es posible realizar las funciones que tenemos encomendadas».

Los fallos del sistema informático no sólo se han puesto de manifiesto en la actividad diaria de todos los Juzgados, sino también en pleno servicio de guardia. Así sucedió el 22 de enero, cuando se produjo la «total paralización del sistema durante prácticamente toda la mañana», lo que provocó que hubiera que dejar constancia de diligencias judiciales, como la toma de declaración a los detenidos, «en el sistema «word» del ordenador personal del magistrado-juez». El 3 de febrero también se paralizó la actividad de los juzgados entre las nueve y las once de la mañana, cuando la actividad jurisdiccional está en plena ebullición.

Otra de las denuncias se hace eco del desastroso episodio ocurrido el 10 de febrero, cuando «no hubo acceso a internet» y esto impidió acceder al sistema Lexnet, «con el consiguiente retraso en las notificaciones judiciales, que no pudieron hacerse». Tampoco fue posible en toda la mañana hacer transferencias bancarias con otros órganos judiciales. Los días siguientes también se produjeron incidentes, «lo que produjo una sobrecarga de notificaciones correspondientes a tres días de trabajo» y la imposibilidad de comprobar ingresos de fianzas por parte de imputados en distintas causas o transferencias bancarias con otros órganos. El retraso en las notificaciones no es una cuestión baladí en ningún procedimiento, pero especialmente no lo es en los penales, en los que existen causas con preso que requieren una mayor agilidad en su tramitación al estar en juego situaciones personales. No obstante, las mismas fuentes señalan que en casos de urgencia o vencimiento de plazo, las notificaciones se han hecho por fax.

El lunes 23 de febrero le tocó el turno al sistema Minerva, que no funcionó en toda la mañana, y el día 24, a Lexnet, que funcionó de forma irregular, «alternando momentos de efectividad y continuidad» con otros de interrupción, recoge otra de las quejas al Decanato. Y es que durante el último trimestre del año pasado el sistema de notificación vía web convivía con el soporte papel, con lo que ante cualquier fallo en el primero, el objetivo quedaba asegurado con el segundo. A partir del 1 de enero la notificación se lleva a cabo sólo por Lexnet, que si bien tiene innumerables ventajas (la eliminación del papel y la inmediatez), posee el inconveniente de los fallos tecnológicos.

Declinan responsabilidades
En un escrito presentado ante el Decanato el 25 de febrero, el Juzgado Central de Instrucción número 5 (cuyo titular es Garzón) insta a que «se adopten urgentemente las medidas necesarias para que los medios materiales de este juzgado sean los suficientes y funcionen correctamente». Advierte, además, de que «declina toda responsabilidad en el retraso de las actuaciones cuando éstas no puedan efectuarse por carecer de los medios adecuados».