Alto riesgo

Las once Comunidades Autónomas con competencias sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia, que en reiteradas ocasiones han demostrado y demuestran su ineficacia a la hora de gestionarlas, cierran el cerco al Ministro de Justicia reclamando unas competencias plenas con argumentos tan poco convincentes como que la implantación de la nueva oficina judicial se pondría en serio riesgo si las mismas no se producen.

Una acción sindical presidida por la desunión y la falta de entereza (algo que afecta también a otros temas de máxima importancia como son las funciones o la nueva organización que supone la implantación de la NOJ) unido a un Ministerio que nos ignora, son el caldo de cultivo propicio para que las Comunidades Autónomas se salgan con la suya.

Las transferencias plenas a las Comunidades Autónomas son incompatibles con la conservación del carácter de Cuerpos Nacionales, a no ser que se quiera mantener como un simple adorno. Seguir siendo Cuerpos Nacionales supone no ceder ninguna de las competencias que aún se reserva el Ministerio. Las transferencias plenas supone ineludiblemente la pérdida de derechos ya consolidados por los trabajadores. Estos derechos y la condición de Cuerpos Nacionales son indisolubles, no se puede defender lo uno sin lo otro, y quien así lo hace engaña.

Las transferencias plenas supondrán, más tarde o más temprano, la desaparición de los Cuerpos de Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y la culpan la tendrán muchos sindicatos que acomodados en las Comunidades Autónomas y con intereses ajenos a los de los trabajadores de la Administración de Justicia lo están permitiendo.

UGT ESTÁ EN CONTRA DE LAS TRANSFERENCIAS PLENAS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

UGT SIEMPRE HA DEFENDIDO Y DEFENDERÁ EL CARÁCTER DE CUERPOS NACIONALES y SE OPONDRÁ A LA PÉRDIDA DE DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Publicado en: El País.com / País Vasco

Las comunidades piden más competencias en materia de Justicia

U. M. - Bilbao - 30/01/2010

No llueve a gusto de todos. Mientras los jueces exigen al poder político la independencia del Poder Judicial, las comunidades autónomas reclaman al Ejecutivo central el "traspaso real de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal". En caso contrario, advierten de que la nueva oficina judicial "se pondría en serio riesgo". Fue el acuerdo al que ayer llegaron las once autonomías con transferencias en esta materia, entre ellas Euskadi, a la conclusión de una cita que durante dos días han celebrado en Pamplona para analizar la situación actual de la Administración de Justicia.

Publicado en: eldiariomontanes.com

Mediavilla reclama más competencias en Justicia

Once autonomías abogan por el «traspaso real» de las transferencias en ejecución y gestión en materia de personal

30.01.10 - 00:40 - C. DE LA P. SANTANDER.

Las once comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia consideran que para lograr el éxito en la implantación de la Nueva Oficina Judicial se debe avanzar con «profundidad y decisión en el traspaso real de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal».

«Si no se otorgan dichas competencias, el nuevo modelo de oficina judicial se pone en serio riesgo», según se recoge en el acuerdo adoptado en la reunión de la comisión de coordinación de la comunidades autónomas con competencias en administración de Justicia que se ha celebrado durante dos días en Pamplona.

El documento, hecho público en un acto celebrado en el Palacio de Navarra, ha sido ratificado por los órganos competentes de los gobiernos de Navarra, Cantabria, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Madrid, Asturias, País Vasco y Aragón.

El consejero cántabro Vicente Mediavilla cree que las reivindicaciones de las autonomías son «absolutamente necesarias» para tener una Justicia «más cercana, eficiente y eficaz y capaz de racionalizar sus recursos». «Debemos aumentar el protagonismo de las autonomías en la gestión de personal», ha opinado.

A su juicio, las reivindicaciones de las comunidades para asumir más competencias en materia organizativa son «absolutamente necesarias». «Si queremos una Justicia más cercana, eficiente y eficaz, capaz de racionalizar sus recursos, debemos aumentar el protagonismo de las autonomías en la gestión del personal», ha opinado.

En este sentido, la declaración conjunta rubricada ayer reconoce que la reforma de las leyes procesales, que entrarán en vigor el próximo 4 de mayo, y el Plan de Modernización impulsado por el Ministerio de Justicia, «han de ser valorados», pero destaca que ambas actuaciones no pueden entenderse como el final del proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial, sino como el «punto y seguido de un ilusionante camino». Para Mediavilla, el consenso es la «verdadera clave» para avanzar en la consecución de un servicio público «más eficaz». «Ha quedado de relieve la unión total y absoluta entre todas las comunidades autónomas, independientemente de su color político».

Mediavilla ha comprometido la «colaboración absoluta» del Gobierno cántabro con los colegios profesionales de abogados y procuradores, de cara a la asistencia gratuita de los ciudadanos desde el «principio de la solidaridad social».

Publicado en: elcorreodigital

Euskadi exige la transferencia del personal de Justicia

Junto a otras diez comunidades advierte de que sin el traspaso de competencias corre «riesgo» el nuevo modelo judicial

30.01.10 - 02:39 - EL CORREO BILBAO.

La ambiciosa reforma de la Justicia que llegará esta primavera de mano de la nueva Oficina Judicial podría no tener los efectos deseados si no se profundiza en el traspaso de competencias. Por eso, tanto Euskadi como las otras diez autonomías con transferencias en esta materia pidieron ayer al Gobierno central avanzar «con profundidad y decisión en el traspaso real de las competencias de ejecución y gestión en materia de personal».

La nueva Oficina Judicial llegará de la mano de un amplio abanico de reformas procesales que serán efectivas a partir del próximo 4 de mayo. En esencia, se trata de una reordenación de los recursos materiales y humanos en los juzgados que pretenden agilizar los procesos y descargar a los jueces de trabajo para que se dediquen exclusivamente a juzgar. Sin embargo, en opinión de las comunidades autónomas, este nuevo modelo «se pone en serio riesgo» si no se transfieren las competencias en materia de personal, que siguen en manos del Ejecutivo central.

Este temor está recogido en el acuerdo adoptado en la reunión de la comisión de coordinación de las autonomías con competencias en administración de Justicia que se ha celebrado durante dos días en Pamplona. El documento ha sido ratificado por Euskadi, Navarra, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Madrid, Asturias, Cantabria y Aragón. El consejero navarro del ramo, Javier Caballero, fue el encargado de poner voz a la propuesta, que será trasladada «con carácter inmediato» al ministro de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, su pretensión de avanzar en el traspaso del personal no debe suponer «menoscabo del carácter nacional de los diferentes cuerpos de funcionarios», aclaró.

La reforma planteada por las once autonomías tiene su base en una apuesta de futuro, ya que las reformas que entrarán en vigor el 4 de mayo «no suponen la culminación de un nuevo modelo, sino el punto y seguido de un dilatado e ilusionante camino». Así que ya han acordado constituir una base compartida de los documentos que cada una de ellas ha elaborado sobre planificación y desarrollo de la nueva Oficina Judicial. Además, pretenden coordinarse para compartir información sobre la negociación de los puestos de trabajo.

La otra cuestión abordada en el encuentro de Pamplona fue la justicia gratuita, un tema en el que mostraron su «firme compromiso» con el derecho de asistencia a todos los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.