¿Quién tiene que etiquetar el correo?

Fuente: La Voz de Galicia.es



Xustiza advierte a los funcionarios judiciales que les compete etiquetar el correo
Los sindicatos consideran «indigno» este cometido y dicen que corresponde a Correos

Los sindicatos de la Administración de Justicia reclamaron ayer al Gobierno autónomo una solución para el etiquetado de las cartas que se envían con las citaciones judiciales, que se niegan a asumir los funcionarios, pero la Xunta se mostró tajante y recurrió a la jurisprudencia para advertir de que es a ellos a quienes corresponde colocar estas pegatinas.

El director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez, puso de relieve que una funcionaria de Ourense recurrió al contencioso y los tribunales acabaron por dar la razón a la Administración, en el sentido de que ella estaba obligada a realizar las labores de etiquetaje. Una tarea que los sindicatos consideraron ayer que «vai contra a dignidade das persoas» y, en ningún caso, sería «de recibo».

Las organizaciones sindicales avisan de que la negativa a etiquetar por parte de los funcionarios puede llegar a paralizar los juzgados, un efecto que el director xeral consideró «máis cativo» del que «pretende facer ver» la parte social.

Martín circunscribió la negativa a etiquetar las cartas a solo tres juzgados de A Coruña, extremo que negaron los sindicatos que extienden la situación a toda Galicia. Insistió en que esta tarea corresponde al cuerpo de auxilio judicial y advirtió de que «non se pode poñer isto enriba da mesa de Correos», entidad a la que, según los funcionarios, corresponde solucionar el problema. Como las cartas están llegando sin etiquetar al servicio postal, Correos no las envía y se produce el colapso. «Correos transixiu no período 2007-2009, ata que agora dixo que non as levaba se non traían posta a pegatina», explicó Martín, quien puntualizó que comunidades como Canarias o Navarra, donde ya se ha producido este conflicto, resolvieron que se trata de una competencia del cuerpo auxiliar.

La visión de la Xunta chocó frontalmente con la de los sindicatos. El portavoz de la plataforma que aglutina a todas las centrales con representación en el ámbito de la justicia, Juan Antonio Martín, arguyó que ahora se está exigiendo a los trabajadores una labor que tendría que hacer Correos, consistente en «colocar tres pegatinas por cada carta». «Esto genera -prosiguió- un trabajo enorme, y si se firmó un contrato en el que Correos pretendía que lo hiciesen los funcionarios, ¡pues mal hecho!, porque afecta a las condiciones laborales», indicó.

El director xeral anunció que se abrirá una oficina judicial para realizar esta tarea y sacar adelante el trabajo diario en disputa, pero siempre desde la perspectiva de que, entretanto, la confección del correo corresponde al cuerpo de auxilio judicial.

60 o 70 juicios
Los sindicatos aseguran que hay una media diaria de «60 ou 70» juicios que dejan de celebrarse en la provincia de A Coruña, «porque se está devolvendo o correo», según asegura Manuel González, de UGT.

La parte social pidió también a la Xunta una alternativa a la firma electrónica para que los funcionarios puedan entrar en el sistema de Intranet. Por ahora deben hacerlo por medio de la firma electrónica, un sistema voluntario pero que constituye el único método de acceso. El asunto quedó en estudio, porque, sea como fuere, se hace preciso un sistema identificativo del usuario, que podría traducirse en una tarjeta específica.

Martín Álvarez explicó a los sindicatos que la Xunta ofrecerá cursos en la Escola Galega de Administración Pública sobre teleformación y política lingüística. Y les trasladó su intención de poner en marcha un juzgado de paz y la adopción de un plan de medidas urgentes para la renovación tecnológica, en función del acuerdo alcanzado entre la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza. El Gobierno gallego aspira a que en todas las salas haya servicios de videoconferencia, opción aún minoritaria.