INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA EN LA COMPARECENCIA ANTE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO PARA EXPONER LAS LÍNEAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO
Palacio del Senado, 21 de mayo de 2009
Algunos de los temas tratados por el Ministro:
Señorías, la justicia es un bien preciado que ha de ser bien administrado. La capacidad del sistema para dar respuesta al incremento de la litigiosidad no es ilimitada. A pesar de los continuos esfuerzos inversores en este ámbito, y les recuerdo que en estos cinco años el Gobierno ha realizado la mayor inversión en justicia en lo que va de democracia, a pesar del aumento de medios personales y materiales, la posibilidad de resolver en un tiempo razonable los procesos exige adoptar medidas de racionalización y de incremento de la productividad del sistema.
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Los graduados sociales, así como los funcionarios de los distintos cuerpos de gestión y tramitación profesional a través de las correspondientes organizaciones y sindicatos, han participado, también, en este proceso de suma de voluntades en torno al acuerdo social para la justicia que demanda nuestra sociedad.
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Con el fin de superar ese estado de cosas estamos trabajando ya en la elaboración de un proyecto de Ley del Registro Civil de España. Un proyecto con el que queremos, por un lado, desjudicializar en todo lo posible la función del registro, en sintonía con los procesos modernizadores que se han emprendido en otros países de nuestro entorno; y, por otro lado, constituir una Registro Civil único para todo el Estado que sea accesible en línea a todos los ciudadanos y que cuente, a su vez, con unidades de información y atención en los distintos municipios.
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Por otro lado, respecto de aquellas que ya han asumido las competencias de gestión de los medios personales y materiales en materia de justicia quedan cuestiones que merecen un tratamiento más eficaz. Las autoridades autonómicas asumen competencias de gestión y organización de la oficina judicial y, en consecuencia, el personal integrado en ellas asume funcionalmente tareas fijadas por la correspondiente comunidad autónoma, aunque orgánicamente dependen del Estado.
Esta doble dependencia funcional y orgánica genera ciertas disfunciones en el correcto funcionamiento de la oficina judicial y creo que éste es, singularmente, un espacio de colaboración con las Comunidades Autónomas en el que podemos encontrar fórmulas que conjuguen armónicamente la dirección funcional del personal por parte de las Comunidades Autónomas y su pertenencia orgánica a cuerpos de carácter nacional dependientes del Estado.
Nos parece muy positivo que el Ministro de Justicia haya puntualizado nuestra dependencia orgánica del Estado como cuerpos de carácter nacional. Lo que esperamos es que la culminación del proceso de transferencias a las CCAA no suponga la ampliación de dichas competencias en materias que nos puedan afectar negativamente.
También nos gustaría que nuestra participación no se limitara a una suma de voluntades, sino a una intervención práctica en todo el proceso de modernización de la Administración de Justicia.
Nos produce cierto desasosiego las reiteradas alusiones a la necesidad de adoptar medidas de racionalización y de incremento de la productividad, sobre todo a la vista de las previsiones para incrementar el número de plazas de jueces, fiscales y secretarios, que no se corresponden con el necesario aumento de plazas del resto de personal al servicio de la Administración de Justicia.
Por último también nos preocupa la desjudicialización del Registro Civil, necesidad que no compartimos. No obstante, esperamos que se cuente con nosotros y que en ningún caso suponga reducción de los puestos de trabajo asignados a este servicio.
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