Concretando funciones.


Con fecha 3 de julio el Secretario General de la Administración de Justicia ha dictado la Instrucción 4/2009 relativa al uso de las aplicaciones informáticas en las oficinas judiciales. Por si alguien tenía alguna duda de quien es el responsable de los datos introducidos en estos programas y aplicaciones informáticas (término genérico que lo engloba todo, incluidos los registros administrativos), esta Instrucción viene a clarificarlo cuando textualmente dice que “Los cuerpos de funcionarios al servicio de la administración de justicia son responsables de la introducción de todos los datos exigidos por los sistemas de gestión procesal y cualesquiera otras aplicaciones informáticas de las que dispongan para el ejercicio de sus funciones, actuando en todo caso bajo la dirección y supervisión de los secretarios judiciales de los que dependan” . Los que pensaban que los responsables eran los secretarios que validaban los datos introducidos, se equivocan.

Como vemos, el Ministerio crea aplicaciones informáticas para realizar nuevas funciones que en principio son reguladas de una forma superficial y poco clara, para luego ser concretadas a golpe de Instrucciones por quien carece de legitimidad para ello, y además, a fecha de hoy, sin negociar con los representantes de los trabajadores pese a la insistencia de UGT para que de una vez por todas se convoque una mesa específica sobre este tema.

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