Si hace tan sólo dos días aplaudíamos que el Ministro de Justicia en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado dijera que seguiríamos conservando el carácter de Cuerpos Nacionales, nos enteramos por los medios de comunicación que el Sr. Caamaño se ha comprometido con el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, a aumentar las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de personal al servicio de la Administración de Justicia y que “salvaguardando unas cuestiones mínimas en materia de selección y de movilidad”, será uno de los temas a tratar en la próxima Conferencia Sectorial con todas las Comunidades Autónomas, que se celebrará en junio, según publica www.europapress.es.
Nos preguntamos por qué el Ministro, si tenía tan clara esta cuestión, no informó a los sindicatos en la reunión del día 30 de abril para intentar, al menos, conocer nuestra opinión al respecto, ya que se trata de un tema muy importante como para pasar desapercibido.
Según Mediavilla, el aumento de las competencias de las autonomías en materia de personal es para que la implantación de la Oficina Judicial sea un éxito, considerando necesario clarificar las competencias de cada administración en materia de personal de justicia, excluyendo jueces, fiscales y secretarios judiciales.
Nos gustaría conocer la relación existente entre el aumento del nivel de competencias y el éxito de la implantación de la Oficina Judicial. Así que pedimos al Sr. Caamaño, que está plenamente de acuerdo con el Sr. Mediavilla, que nos lo explique, porque no alcanzamos a entenderlo, sobre todo teniendo en cuenta que dicha implantación es para todo el territorio nacional y que el Ministro de Justicia debe ser el garante de que ese proceso de implantación se produzca equilibradamente entre las distintas CCAA de tal suerte que ninguna de ellas pueda contar, por la razón que sea, con más y mejores medios que otras y nada mejor para que esto asíocurra que sea el propio Ministerio de Justicia el que controle cuestiones tales como la convocatoria del número de plazas que sean necesarias en los distintos territorios. No olvidemos algo que ha quedado patente desde que se inició el proceso de trasferencias y que el propio Ministerio de Justicia conoce sobradamente, se trata de la falta de coordinación y cooperación entre el Ministerio de Justicia y las CCAA, creando una situación, que por muy buena voluntad que ahora se quiera poner para remediarla, se nos antoja de difícil solución.
Como hemos dicho en reiteradas ocasiones es un sinsentido que, siendo la Administración de Justicia una Administración que no admite transferencias como tal por ser inseparable del Poder Judicial, se trasfiera al mayor núcleo de funcionarios que prestan sus servicios en la misma y que es su soporte fundamental. Esto sólo ocasionará problemas y disfunciones que a la larga repercutirá en su buen funcionamiento. Prueba de ello la tenemos en que a los Secretarios Judiciales no se les trasfiere, siendo también funcionarios del Ministerio de Justicia. El motivo es claro, el Ministerio no quiere perder el control de la Oficina Judicial, pero eso creará la paradójica situación de que los Secretarios serán los jefes de un personal que gestiona otra administración, con los problemas de calado que ello conlleva, por más Conferencias Sectoriales que se inventen, una cosa son las intenciones y otra la realidad.
Por lo tanto, creemos que es un grave error otorgar más competencias a las CCAA en materia de personal conservando el Ministerio de Justicia sólo una competencia residual e inoperativa.
Pensamos que ese aumento del nivel de competencias es contrario a los intereses del personal al servicio de la Administración de Justicia y por tal motivo somos contrarios a ello.
En otro orden de cosas, en dicha reunión también se solicitó el aumento de la plantilla de secretarios judiciales y el Ministro se comprometió a llevarlo a cabo. Cada vez nos causa más incertidumbre la política del Ministerio de aumentar el número de plazas de jueces, fiscales y secretarios judiciales, sin que las del resto de personal al servicio de la misma Administración lleve aparado un incremento proporcional. Esperemos que algún día el Sr. Caamaño nos informe de sus intenciones al respecto.
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