En la reunión de la Comisión de coordinación de las once Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia celebrada el pasado treinta de enero en Barcelona se acordó, además de impulsar la modernización de la Administración de Justicia, solicitar al Ministerio más competencias, como son la convocatoria de plazas y pruebas de selección, incluida la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo, así como otras en materia de demarcación y planta judicial.
En conclusión, esto es lo que nos vendrá antes o después:
-TERRITORIALIZACION DE LAS OPOSICIONES. CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA LAS CONVOCARÁ CUANDO Y COMO ESTIME OPORTUNO.
-TERRITORIALIZACION DE LOS CONCURSOS DE TRASLADO CON CONVOCATORIAS INDIVIDUALIZADAS POR CADA COMUNIDAD, QUE CONCLUIRÁ EN LA PÉRDIDA DE LA MOVILIDAD NACIONAL.
- CREACION DE PUESTOS DE TRABAJO DIFERENTES EN CADA COMUNIDAD CON ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES TAMBIÉN DISTINTAS.
Nos preguntamos para que quieren más competencias las Comunidades Autónomas, cuando el balance del resultado de su gestión hasta el momento no podía ser más negativo. No han convocado las plazas necesarias para atender a las necesidades de personal en sus respectivos territorios (más del 57 por ciento de los funcionarios en la Administración de Justicia en Canarias son interinos). Condiciones pésimas de trabajo en muchos edificios judiciales. Falta de medios materiales para el desarrollo del trabajo diario. Incumplimiento sistemático de los acuerdos alcanzados con los sindicatos del sector (el próximo día dieciséis está convocada una huelga en la Comunidad del Madrid).
A la vista de todo ello sólo podemos pensar que ante la expectativa de que por parte del Ministerio de Justicia se haga un esfuerzo inversor para modernizar la Administración de Justicia, sobre todo por las presiones de los jueces, esas Comunidades no estén pensando otra cosa que no sea el poder gestionar más recursos económicos, quedando en segundo plano las verdaderas necesidades que dicha Administración reclama.
La Administración de Justicia no está ahora mejor que antes de las trasferencias y los acontecimientos han demostrado que lo más razonable sería que el Ministerio de Justicia recuperara las competencias cedidas, en una Administración que debe trabajar para que el Poder Judicial pueda actuar con eficacia. Un Poder Judicial integrado por Jueces y Magistrados que no serán trasferidos a ninguna Comunidad Autónoma, de ahí la insensatez de transferir unos medios materiales y personales que han de servir de apoyo imprescindible a la labor judicial, resultando mucho más costoso el esfuerzo necesario para la coordinación entre las distintas Comunidades Autónomas, y existiendo, además, el peligro de un desequilibrio inversor entre ellas con la consecuencia de que la justicia se impartirá con más “eficacia” y rapidez en unas que en otras. Esa falta de cohesión solo la puede remediar la dependencia de una única Administración y el afán de transferencias no hará sino entorpecer el ya arduo camino hacia una verdadera modernización de la Administración de Justicia.
UGT no firmo las reformas legales que han dado paso a esta situación, otros si, y deberían dar explicaciones de por qué lo hicieron y por qué nunca defienden el carácter nacional de los Cuerpos.
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