Fuente: ABC.ES
El CGPJ ultima un «ambicioso» plan de actuación para modernizar la Justicia
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene prácticamente terminado un primer borrador de lo que puede considerarse la «hoja de ruta» para modernizar la Administración de Justicia. Un proyecto «ambicioso y con vocación de futuro» que el órgano de gobierno de los jueces consensuará con la propia carrera así como con el Gobierno y las comunidades autónomas, responsables últimos de hacer viable -mediante una seria inversión económica- una reforma en profundidad.
El plan de actuación está siendo redactado por los vocales que integran la Comisión de Modernización y será debatido el lunes con una delegación que representa a los jueces decanos de toda España. Ésta -a la que acudirán los decanos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao- es la primera de las reuniones previstas y su objetivo es que el documento proponga soluciones a los problemas reales con los que se enfrentan día a día los jueces en el desarrollo de su trabajo.
Cinco bloques de actuación
Fuentes del Consejo han explicado que el plan de actuación se divide en cinco grandes bloques, siendo el primero y fundamental (en torno al que pivotan todos los demás) el desarrollo de la oficina judicial, tal y como se diseñó en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 2003. La implantación de la oficina judicial es «irrenunciable», señalan dichas fuentes, y la Administración de Justicia «no puede seguir esperando».
A partir de ahí, deberán cumplirse las sugerencias contenidas en los demás bloques: servicios comunes, planta y demarcación judicial, informática y atención al ciudadano.
Los medios citados ponen mucho énfasis en el desarrollo de unos servicios comunes que permitan hacer realidad la «filosofía» del proyecto de modernización de la Administración de Justicia: descargar al juez de trabajo, de tal manera que pueda dedicarse en exclusiva a lo que es estricta función jurisdiccional, y aumentar las competencias del secretario judicial, que debe convertirse en el verdadero «director» de la oficina judicial.
Respecto a la planta y demarcación judicial (número de jueces y distribución por el territorio), la clave no está sólo en aumentar los juzgados sino también en que su distribución geográfica permita optimizar esfuerzos. La ley que la regula lleva vigente 20 años.
Sistemas compatibles
El cuarto bloque -informática- se refiere a otro de los problemas graves de la Administración de Justicia: la incompatibilidad de los sistemas informáticos entre las distintas instituciones y los distintos territorios y, en consecuencia, la imposibilidad de acceso a toda la información relativa a los penados. Prueba de su importancia son la fuga del abogado Emilio Rodríguez Menéndez y el asesinato de la niña Mari Luz Cortés.
Todo lo anterior es básico para que dar cumplimiento al quinto bloque: mejorar la atención al ciudadano. La justicia, entendida como un servicio público, debe impartirse con rapidez y agilidad.
La portavoz del CGPJ afirmó ayer en una rueda de prensa celebrada para valorar las consecuencias de la jornada de protesta del martes que es muy importante que el Gobierno y las Comunidades Autónomas «se comprometan» en la modernización de la Justicia, un reto, precisó Gabriela Bravo, que lleva pendiente «desde hace muchos años».
Tres meses de plazo
En este sentido, recordó que el recién renovado órgano de gobierno de los jueces no puede resolver este problema de forma inmediata, por lo que pidió «un mínimo plazo» para actuar. «Que nos dejen trabajar y luego, sobre el trabajo realizado, que valoren lo conseguido», dijo en referencia a las peticiones de las distintas juntas para que el CGPJ canalice las reivindicaciones de los jueces. Así, fijó en tres meses el tiempo mínimo necesario para que se vean los primeros resultados.
Sobre las posibles presiones del Gobierno al CGPJ por el «caso Tirado», Bravo aseguró que el Consejo «no se siente presionado ni por los políticos ni por otros colectivos». Aún así, pidió «respeto institucional por parte de todos» y advirtió que no es necesario «que nos recuerden cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta» en la revisión de la sanción al juez Rafael Tirado.
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