Gestión promoción interna. Destinos
Destinos
Orden JUS/73/2009, de 14 de enero, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2976/2006 de 15 de septiembre, en el ámbito de Península y Baleares.
Orden JUS/73/2009, de 14 de enero, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2976/2006 de 15 de septiembre, en el ámbito de Península y Baleares.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
PDF (BOE-A-2009-1554 - 3 págs. - 200 KB)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
PDF (BOE-A-2009-1555 - 7 págs. - 432 KB)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
PDF (BOE-A-2009-1556 - 4 págs. - 273 KB)
COMUNITAT VALENCIANA
PDF (BOE-A-2009-1558 - 3 págs. - 214 KB)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
PDF (BOE-A-2009-1559 - 3 págs. - 217 KB)
COMUNIDAD DE MADRID
PDF (BOE-A-2009-1560 - 3 págs. - 247 KB)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
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COMUNITAT VALENCIANA
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
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COMUNIDAD DE MADRID
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Los jueces de la Región irán a la huelga el 18 de febrero
Fuente: laverdad.es
Los jueces de la Región confirman que irán a la huelga el 18 de febrero
El paro triunfa por mayoría, con 76 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones
Los jueces y magistrados de la Región ratificaron ayer, reunidos en asamblea, su intención de ponerse en huelga el próximo 18 de febrero. El paro triunfó por mayoría, con 76 votos a favor, 12 en contra y cinco abstenciones. La judicatura murciana no ha encontrado suficientes alicientes derivados de la reunión celebrada este lunes entre el Ministerio y las asociaciones judiciales para desconvocar el paro de togas que ya anunciaron en la reunión de la pasada semana.«Ante el señalado estado de deterioro, consideramos que es un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con la ciudadanía», explicaron en un comunicado emitido al término de su reunión. «Ha llegado el momento de exigir a los poderes públicos la definitiva solución de estas graves carencias con el fin de poder ofrecer a los ciudadanos un servicio público moderno, ágil, eficaz y adecuado a las necesidades y exigencias de la sociedad actual».
Los jueces y magistrados advierten de que esta jornada de huelga «afectará, sin perjuicio de los servicios mínimos que se establezcan, a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los jueces y magistrados que prestan sus servicios en este territorio».
La magistratura, sin embargo, aún deja una puerta abierta a la negociación y advierte que el paro se hará realidad el próximo 18 de febrero «siempre y cuando no se adopten o se formalice el correspondiente compromiso respecto de las reivindicaciones que están siendo objeto de negociación con el Ministerio de Justicia».
Redefiniendo posiciones
La huelga del 18 de febrero ya está respaldada por un 20% de la carrera judicial. Esta realidad ha llevado a los diferentes órganos a redefinir sus posiciones. Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria (AJFdV) y Foro Judicial Independiente (FJI) celebrarán sendas reuniones antes del próximo martes con objeto de revisar su posición ante el paro. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial también han comenzado a analizar la postura que tomará este órgano.
Además, las dos principales asociaciones de secretarios judiciales han emitido un comunicado en el que advierten al Ministerio de Justicia que no consentirán compromisos de mejora de las condiciones laborales de otros cuerpos de la Justicia que «incrementen la discriminación» que, a su entender, sufre el secretariado.
Oferta de Empleo Público del Ministerio de Justicia para 2009
El Ministerio de Justicia hace pública la siguiente propuesta de OPE que formulan al MAP (que no es definitiva, aunque dudamos que haya cambios para mejorarla). Si estos son los planes que tiene el Ministro para modernizar la Administración de Justicia, sólo podemos decir una cosa, el desastre continúa. CUERPOS LIBRE PROMOCIÓN TOTAL SECRETARIOS 145 145 290 FORENSES 5 5 FACULTATIVOS DEL INT Y CIENCIAS FORENSES 11 11 22 TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INT Y CIENCIAS FORENSES 17 17 34 GESTIÓN 15 15 30 TRAMITACIÓN 50 50 100 AUXILIO 50 50 TOTAL 293 238 531 ÁMBITO FORENSES GESTIÓN TRAMITACIÓN AUXILIO TOTAL Andalucía 9 74 118 132 333 Aragón 1 7 1 9 Canarias 2 40 120 80 242 Cantabria 4 4 Cataluña 181 373 29 583 Galicia 7 7 Madrid 268 459 177 904 Navarra 5 9 1 15 Valencia 5 65 100 25 195 País Vasco 20 14 26 60 TOTAL 29 648 1204 471 2352
Desastroso estreno de la nueva aplicación del Registro Central de Penados y Rebeldes
Fuente: abc.es
Caos informático en el estreno del Registro de Penados y Rebeldes
L. R. T. / N. C. MADRID
Miércoles, 28-01-09
La nueva aplicación informática del Registro de Penados y Rebeldes, que empezó a funcionar ayer en los juzgados de toda España, se estrenó con el bloqueo del sistema y con un número de incidencias tan elevado que colapsó el Centro de Atención al Usuario (CAU) del Ministerio de Justicia. El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo ha invertido 1.230.000 euros en la mejora de este Registro, que estaba disponible desde el pasado día 19 con el fin de que sus usuarios se familiarizaran con el nuevo sistema.
L. R. T. / N. C. MADRID
Miércoles, 28-01-09
La nueva aplicación informática del Registro de Penados y Rebeldes, que empezó a funcionar ayer en los juzgados de toda España, se estrenó con el bloqueo del sistema y con un número de incidencias tan elevado que colapsó el Centro de Atención al Usuario (CAU) del Ministerio de Justicia. El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo ha invertido 1.230.000 euros en la mejora de este Registro, que estaba disponible desde el pasado día 19 con el fin de que sus usuarios se familiarizaran con el nuevo sistema.
Lo cierto es que, según fuentes consultadas por ABC, la aplicación ha dado problemas y ha provocado un aluvión de llamadas al CAU. Entre las quejas más frecuentes figura la imposibilidad de incorporar directamente al expediente digital la información recabada del Registro, lo que obliga a imprimir los datos. Además, carece de un buen sistema de búsqueda, circunstancia que ralentiza el trabajo.
La puesta en marcha de esta aplicación es uno de los objetivos que el ministro se había fijado para la modernización de la Justicia, pues permite a los juzgados disponer de forma inmediata de información sobre los delincuentes reincidentes y los huidos.
Secretarios. Nota mínima primer ejercicio promoción interna
Acuerdo del Tribunal Nº 1, por el que se fija la nota mínima necesaria para aprobar el primer ejercicio de la promoción interna.
Acuerdo de 28 de enero. (PDF)
Áplicación informática Registro Central de Penados y Rebeldes. Cooperación judicial internacional. 20 millones modernización tecnológica
Los jueces siguen con las movilizaciones
Fuente: europapress.es
Bermejo promete 20 millones de euros para la modernización
Las asociaciones de jueces mantienen las movilizaciones
MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, prometió hoy a las principales asociaciones de jueces un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que calificó como un "importantísimo esfuerzo económico añadido" y que, según dijo, "permitirá adelantar los plazos marcados". No obstante, los jueces, que hoy renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron que mantendrán sus protestas porque "la situación no está resuelta".
"El Gobierno ha decidido hacer un importantísimo esfuerzo económico añadido de 20 millones de euros, que supone un aumento de casi un 30 por ciento de la cifra ya presupuestada", indicó el ministro junto a una serie de medidas que entrarán en vigor, según anunció, en este 2009. "El programa que tenemos de modernización tardará más si no aportamos ese dinero, nos va a permitir acortar los tiempos", añadió.
No obstante, las cuatro principales asociaciones de jueces --Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)-- coincidieron en asegurar que "la situación no está resuelta".
Así lo explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión, que se alargó durante siete horas y media, el portavoz de la APM, Antonio García, quien tomó la palabra en nombre de sus compañeros para admitir la "disposición" mostrada hoy por el Ministerio, "aunque no con la intensidad deseada". "Esperábamos una respuesta clara y concreta", dijo al tiempo que explicó que las soluciones propuestas por el Departamento "no satisfacen enteramente a las asociaciones".
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, prometió hoy a las principales asociaciones de jueces un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que calificó como un "importantísimo esfuerzo económico añadido" y que, según dijo, "permitirá adelantar los plazos marcados". No obstante, los jueces, que hoy renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron que mantendrán sus protestas porque "la situación no está resuelta".
"El Gobierno ha decidido hacer un importantísimo esfuerzo económico añadido de 20 millones de euros, que supone un aumento de casi un 30 por ciento de la cifra ya presupuestada", indicó el ministro junto a una serie de medidas que entrarán en vigor, según anunció, en este 2009. "El programa que tenemos de modernización tardará más si no aportamos ese dinero, nos va a permitir acortar los tiempos", añadió.
No obstante, las cuatro principales asociaciones de jueces --Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)-- coincidieron en asegurar que "la situación no está resuelta".
Así lo explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión, que se alargó durante siete horas y media, el portavoz de la APM, Antonio García, quien tomó la palabra en nombre de sus compañeros para admitir la "disposición" mostrada hoy por el Ministerio, "aunque no con la intensidad deseada". "Esperábamos una respuesta clara y concreta", dijo al tiempo que explicó que las soluciones propuestas por el Departamento "no satisfacen enteramente a las asociaciones".
"No podemos conformarnos con lo que esta tarde y por la mañana nos ha explicado el ministro", zanjó García, quien aseguró que mantendrán los actos reivindicativos que tenía previstos. "A día de hoy las asociaciones consideran vigente a todos los efectos el documento reivindicativo", aseguró al tiempo que no cerró la puerta al diálogo anunciando futuros contactos. "La reunión ha servido para considerar abierto un proceso de soluciones dialogadas que se tendrán que ir perfilando a lo largo de próximas reuniones con el Ministerio", dijo.
El encuentro tuvo por objeto estudiar el documento reivindicativo emitido por los jueces el pasado día 13, mediante el cual, otorgaban al Ejecutivo socialista un plazo de seis meses para evaluar su compromiso con la modernización de la Justicia antes de acudir a una huelga el 26 de junio. Además, los jueces proponían sustituir por actos reivindicativos de menor intensidad la convocatoria de huelga fijada el pasado miércoles para el 18 de febrero por un 20 por ciento de la carrera.
NO SE JUSTIFICAN LAS PROTESTAS
Tan sólo unos minutos antes de que los representantes de las asociaciones judiciales compareciesen ante los medios de comunicación para ofrecer sus explicaciones, en la misma sala de prensa del Ministerio, Bermejo, acompañado por el Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, se felicitaba por el balance "positivo" de la reunión "por mucho que no se hayan alcanzado acuerdos en algunos puntos".
"Entiendo que con el clima de diálogo que ha habido, esto no se justificaría", contestó Bermejo preguntado sobre la posibilidad de que las asociaciones mantuviesen sus protestas antes de que el propio García afirmase que "sólo con un buen tono no se deben considerar solucionados todos los problemas".
Bermejo aprovechó también para agradecer a los jueces su decisión de renunciar a sus exigencias retributivas. "Quiero agradecer a las asociaciones su gesto de generosidad y consecuente con la situación económica actual", dijo al tiempo que cerró la puerta de manera definitiva a subidas retributivas en este 2009, pero comprometiéndose a revisar este sistema en el futuro "cuando las condiciones económicas lo permitan".
A la hora de detallar los planes del Ministerio de cara a la modernización de la Justicia, Bermejo anunció, entre otras cuestiones, el desarrollo antes del próximo 31 de diciembre de un sistema de comunicación telemática --conocido como el sistema Lexnet-- para lo que se aportarán cinco millones de euros.
COMPROMISOS
En el mismo plazo de tiempo, el titular de Justicia anunció la creación de un consorcio entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el intercambio de información y compatibilizar los sistemas, un sistema de gestión procesal único "como paso previo a la implantación de la nueva oficina judicial" o el impulso de la oficina judicial sin papel en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
Las principales asociaciones judiciales se reunieron hoy con los representantes del Ministerio de Justicia después de que el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo les citase a una reunión urgente para analizar su postura de cara a la modernización de la Administración.
Concretamente, las exigencias de los jueces se basan en 8 puntos entre los que se encuentran la urgente instauración de la nueva oficina judicial, establecer un calendario concreto para la modernización tecnológica, que el Ministerio asuma el compromiso de que la agenda de señalamientos seguirá en manos de los magistrados, y no de los secretarios; y arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.
Ademas, los jueces piden la inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial y que se proceda a la adecuación quinquenal en materia de retribuciones, especialmente en lo referente al pago de servicios de guardia, entre otras cuestiones.
En respuesta a estas exigencias, el ministro se comprometió hoy a mantener la cifra de crecimiento de plazas de jueces y fiscales, 150 y 100 plazas al, año respectivamente, poner en marcha un régimen de sustitución, suprimir el traslado forzoso y eliminar la interinidad en los juzgados.
En lo que no hubo acuerdo hoy fue en el compromiso de que los jueces mantengan la potestad para señalar los juicios, algo que tras la aprobación del anteproyecto de ley de reforma procesal por el Consejo de Ministros depende del Congreso de los Diputados, tal y como argumentó el ministro. "Ese punto es de extrema importancia", expresó García quien pidió que no se les arrebate a los magistrados una función, núcleo duro de la función jurisdiccional.
El encuentro se produce tan sólo cinco días después de que el 20 por ciento de la carrera acordase acudir a la huelga --protesta sin precedentes en el sector-- el próximo 18 de febrero, a la espera de lo que sucediese en la cita de hoy. No obstante, Bermejo aclaró hoy que "las asociaciones de jueces son el único interlocutor legítimo de la carrera".
Tanto las asociaciones como el Ministerio contaban hoy con la presión añadida del resultado de las juntas de jueces celebradas en toda España el pasado miércoles en las que una veintena de partidos judiciales, entre ellos los juzgados unipersonales de Madrid y Barcelona, decidieron no secundar las propuestas de las asociaciones escenificando así la fractura de la carrera.
Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, señaló esta tarde que "se debe colaborar con los jueces para solucionar todos los problemas que se puedan plantear". "Yo sólo puedo decir que hay buena voluntad ambas partes --jueces y gobierno", expresó Dívar antes de participar en la entrega de galardones del II edición de los premios "Foro Justicia y Discapacidad". "Hay que ser tolerantes (con los jueces) y comprender que la verdad no tiene un carácter exclusivo", sentenció.
Decisión de los jueces sobre la huelga
Fuente: elpais.com
Los jueces de Madrid deciden adelantar la huelga al 18 de febrero
Se unen a los de Murcia, Extremadura, Castellón, Gerona, Málaga y Sevilla.- La mayoría del resto de reuniones que se han celebrado se han inclinado por posponer a junio una posible huelga
Se unen a los de Murcia, Extremadura, Castellón, Gerona, Málaga y Sevilla.- La mayoría del resto de reuniones que se han celebrado se han inclinado por posponer a junio una posible huelga
Los jueces de Madrid han decidido hoy durante la reunión de su Junta General en los juzgados de Plaza de Castilla el adelanto de la huelga al 18 de febrero. Esta decisión ha sido tomada por los 204 jueces presentes en la convocatoria, sobre un total de 260. De esta manera, se unen a lo acordado ya hoy por Extremadura, Murcia y Zamora. Además han votado a favor de una segunda jornada de huelga para el 26 de febrero. El motivo para adelantar la protesta ha sido que relegarla al 26 de junio significaba dilatarla demasiada en el tiempo y no servía así como medida de presión.
En la Junta estaban presentes 140 jueces que representaban a 204. El sentir de la Junta era el de adelantar la huelga, pero para votarlo se han constituido en Asamblea. El juez decano de Madrid, José Luis Armengol, ha afirmado que la decisión se ha tomado por "amplísima mayoría". En total ha habido 103 votos a favor, 18 en contra y algunas abstenciones. Los que tenían el voto delegado de otros colegas no han podido ejercerlo porque votar requería presencia física.
Los jueces mantienen distintas peticiones. Entre ellas, que se adecúe el ratio de jueces por 100.000 habitantes a la media europea. España tiene 10, la media es 20, Alemania, 26. Para ello deben crearse en el plazo de cinco años 1.200 nuevas plazas de jueces, ahora hay 4.400. También piden que se cumpla la ley de retribuciones, ya aprobada, y que supondría subidas salariales. También rechazan el proyecto legal de Justicia de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios. Según los jueces, sólo eso habría justificado una huelga.
Cualquier decisión se condiciona al resultado de la reunión entre el Gobierno y las asociaciones de jueces convocada para el próximo lunes. En este sentido, el Ministerio de Justicia aseguró esta tarde, a través de una nota de prensa, que mantiene abiertos "todos los cauces de diálogo con los jueces a través de las asociaciones judiciales que les representan".
Los jueces mantienen distintas peticiones. Entre ellas, que se adecúe el ratio de jueces por 100.000 habitantes a la media europea. España tiene 10, la media es 20, Alemania, 26. Para ello deben crearse en el plazo de cinco años 1.200 nuevas plazas de jueces, ahora hay 4.400. También piden que se cumpla la ley de retribuciones, ya aprobada, y que supondría subidas salariales. También rechazan el proyecto legal de Justicia de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios. Según los jueces, sólo eso habría justificado una huelga.
Cualquier decisión se condiciona al resultado de la reunión entre el Gobierno y las asociaciones de jueces convocada para el próximo lunes. En este sentido, el Ministerio de Justicia aseguró esta tarde, a través de una nota de prensa, que mantiene abiertos "todos los cauces de diálogo con los jueces a través de las asociaciones judiciales que les representan".
A favor y en contra
A lo largo de la mañana, la mayoría de las juntas de jueces que se han celebrado se han inclinado por posponer a junio una posible huelga, como habían propuesto las asociaciones judiciales, y han descartado sumarse al paro que ya han convocado para el 18 de febrero los jueces de Murcia, Extremadura y Zamora. En Murcia, los jueces ha decidido mantener la convocatoria del paro el 18 de febrero, aunque han fijado una nueva reunión para el día 28 para analizar la posibilidad de desconvocar la protesta, en función del resultado de la reunión que mantendrán el próximo lunes las asociaciones con el Ministerio de Justicia. En Castellón y Sevilla, las distintas juntas provinciales han aprobado por mayoría secundar la huelga propuesta para el próximo 18 de febrero. En las Juntas de Jueces de las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca se ha rechazado hoy de forma mayoritaria secundar la huelga.
Los jueces de los juzgados unipersonales de Barcelona, Tarragona y Girona han acordado hoy ir a la huelga el próximo 18 de febrero En la reunión de Barcelona, un total de 115 jueces han votado por ir a la huelga y 107 se han mostrado en contra.
A lo largo del día, en las Audiencias de Lleida, Asturias y Zamora se ha votado a favor de que sean las asociaciones de jueces las que guíen el proceso de negociación y las movilizaciones, y han rechazado convocar una huelga el 18 de febrero. Esa ha sido también la decisión de las juntas de jueces de Inca y Manacor (Baleares) y Albacete, donde se ha acordado suscribir el "documento reivindicativo" de las asociaciones, aunque sin descartar la posibilidad de convocar la huelga el 26 de junio.
En Málaga, tanto los magistrados como los jueces han votado a favor de un paro para el 18 (por un total de 91 votos sobre 120) sin descartar otra convocatoria de huelga para el 26 de junio y han reivindicado "el cese de las injerencias y ofensas del resto de los poderes del Estado al poder judicial", informa Fernando J. Pérez.
Por su parte, la Junta de Jueces de la provincia de Valencia ha decidido hoy posponer su decisión de secundar la huelga de jueces a una nueva reunión, anunciada para el próximo día 29, en la que estudiará el "resultado" del encuentro que habrán mantenido, tres días antes, las asociaciones de jueces con el Ministerio.
Qué reivindican los jueces
Esto es lo que reclaman:
- Instauración de la nueva oficina judicial. Superar la estructura arcaica de los juzgados y tribunales es una de las reivindicaciones históricas de los jueces. El primer paso se dio en diciembre de 2003 cuando se aprobó la reforma legal que sirvió de marco a la nueva oficina judicial. La nueva ley, en vigor desde enero de 2004, pretende desligar al juez de todo el trabajo administrativo (dejando la dirección burocrática al secretario judicial) para que se dedique sólo a su principal labor: resolver asuntos. Cinco años después, el desarrollo de esa norma -que implica reformar otras 15 leyes para determinar las competencias de los jueces y los secretarios judiciales en la nueva oficina-, sigue sin aprobarse. Y el proyecto de ley del Gobierno elaborado en diciembre no gusta a la judicatura porque la priva de la facultad de señalar juicios y vistas dejándosela al secretario. El Gobierno asegura que la nueva oficina estará lista a principios de 2010 como piden los jueces, pero rechaza -con el apoyo del CGPJ- que sigan controlando su agenda como hasta ahora. Los magistrados piden, además, que se equipare el ratio de jueces por habitante a la media europea con la creación de 1.200 nuevas plazas. "Aquí tenemos 10 jueces por cada 100.000 personas, mientras que en Europa tienen 20", aseguró la pasada semana el decano de Madrid, José Luis González Armengol.
- Incorporación de las nuevas tecnologías. Fue uno de los escándalos colaterales del caso Mari Luz. El pederasta que supuestamente mató a la niña cuando tenía que estar en prisión acudía con normalidad a otros juzgados cuyos titulares, debido a los deficientes sistemas informáticos, no pudieron conocer que estaba condenado en firme por abusar de su propia hija. Cada autonomía competente en Justicia -que debe aportar los medios materiales a los juzgados de su territorio- ha creado su propio sistema informático y el Ministerio de Justicia aporta el suyo al resto. Justizia Bat, Cicerone, Atlante, Adriano, Minerva... Son aplicaciones mejores o peores, pero que en ningún caso son compatibles entre sí. La firma digital es válida en otras Administraciones, como la tributaria o los ayuntamientos, pero un expediente judicial electrónico es ciencia-ficción. Los juzgados son islas que almacenan toneladas de papeles. El ministerio acaba de dar un paso adelante en la dirección que reclaman los jueces con la instalación de la nueva aplicación del Registro de Penados y Rebeldes que, a partir de fin de mes, no sólo incluirá sentencias firmes sino también las que no lo son. En los próximos meses esa base de datos se completará con las medidas cautelares (prisión, fianza, ordenes de alejamiento...) y las órdenes de busca y captura que hayan dictado los órganos judiciales.
- Formación adecuada de los funcionarios. Las Administraciones encargadas de surtir de personal a los juzgados -las comunidades competentes en Justicia y el ministerio- no cuentan con funcionarios titulares para cubrir bajas. Por esa razón, las suplencias las realizan en muchos casos personas reclutadas por los servicios de empleo (el antiguo Inem) sin ningún tipo de formación jurídica. El CGPJ aprobó el pasado octubre una batería de medidas encaminadas a reducir este personal provisional y a programar cursos de formación para los que carezcan de experiencia. El año pasado estaba previsto que se incorporaran 4.403 nuevos funcionarios titulares, según dijo el ministro en mayo. En cuanto a los interinos, "se valora su experiencia, el haber aprobado algún ejercicio de la oposición o el ser licenciado en derecho", aseguró. Pero el ministerio sólo es responsable de seleccionarlos en los territorios en los que el Estado mantiene las competencias.
- Carga máxima de trabajo razonable. El anterior Consejo aprobó un reglamento para calcular el número de asuntos que debía resolver cada órgano judicial. El sistema buscaba mejorar la productividad ya que a los jueces que superaban en más del 20% ese número de asuntos (denominado módulo) se les abonaba una paga adicional semestral de un 5% anual del salario bruto (unos 1.800 euros de media). Alrededor de 1.500 de los 4.500 jueces que hay en España superaban el módulo, hasta que el Supremo, en una sentencia de febrero de 2006 de la que fue ponente Margarita Robles -ahora vocal del Poder Judicial-, anuló el sistema. A la espera de que se apruebe uno nuevo -que las asociaciones quieren desligar de la productividad- los módulos se siguen usando para medir la carga de trabajo a la hora de evaluar retrasos o responsabilidades disciplinarias o para pedir nuevos órganos.
- Sustituciones por jueces titulares. Uno de cada 10 jueces es sustituto, juristas procedentes de la abogacía o la Universidad con menos formación que los titulares -ni oposición ni Escuela Judicial- seleccionados por los Tribunales Superiores. La ley dice que su función debe ser "excepcional" pero en Cataluña (que aporta pocos jueces), Euskadi (por ETA) y Canarias (por su lejanía) se han convertido en la regla. "Muchos órganos están permanentemente cubiertos por sustitutos", según Mercedes Izquierdo, vicepresidenta de la asociación que los une. Una de las razones de la alta interinidad es la feminización de la carrera y el aumento de maternidades y excedencias para cuidar a los hijos.
- Conciliación entre la vida laboral y la familiar. La supresión del traslado forzoso es una de las medidas que, en este campo, el Consejo ha arrancado al Ministerio. En toda la vida laboral de los jueces sólo existe un traslado de este tipo. Se produce cuando ascienden a magistrado, a los tres años de ejercicio.
Esto es lo que reclaman:
- Instauración de la nueva oficina judicial. Superar la estructura arcaica de los juzgados y tribunales es una de las reivindicaciones históricas de los jueces. El primer paso se dio en diciembre de 2003 cuando se aprobó la reforma legal que sirvió de marco a la nueva oficina judicial. La nueva ley, en vigor desde enero de 2004, pretende desligar al juez de todo el trabajo administrativo (dejando la dirección burocrática al secretario judicial) para que se dedique sólo a su principal labor: resolver asuntos. Cinco años después, el desarrollo de esa norma -que implica reformar otras 15 leyes para determinar las competencias de los jueces y los secretarios judiciales en la nueva oficina-, sigue sin aprobarse. Y el proyecto de ley del Gobierno elaborado en diciembre no gusta a la judicatura porque la priva de la facultad de señalar juicios y vistas dejándosela al secretario. El Gobierno asegura que la nueva oficina estará lista a principios de 2010 como piden los jueces, pero rechaza -con el apoyo del CGPJ- que sigan controlando su agenda como hasta ahora. Los magistrados piden, además, que se equipare el ratio de jueces por habitante a la media europea con la creación de 1.200 nuevas plazas. "Aquí tenemos 10 jueces por cada 100.000 personas, mientras que en Europa tienen 20", aseguró la pasada semana el decano de Madrid, José Luis González Armengol.
- Incorporación de las nuevas tecnologías. Fue uno de los escándalos colaterales del caso Mari Luz. El pederasta que supuestamente mató a la niña cuando tenía que estar en prisión acudía con normalidad a otros juzgados cuyos titulares, debido a los deficientes sistemas informáticos, no pudieron conocer que estaba condenado en firme por abusar de su propia hija. Cada autonomía competente en Justicia -que debe aportar los medios materiales a los juzgados de su territorio- ha creado su propio sistema informático y el Ministerio de Justicia aporta el suyo al resto. Justizia Bat, Cicerone, Atlante, Adriano, Minerva... Son aplicaciones mejores o peores, pero que en ningún caso son compatibles entre sí. La firma digital es válida en otras Administraciones, como la tributaria o los ayuntamientos, pero un expediente judicial electrónico es ciencia-ficción. Los juzgados son islas que almacenan toneladas de papeles. El ministerio acaba de dar un paso adelante en la dirección que reclaman los jueces con la instalación de la nueva aplicación del Registro de Penados y Rebeldes que, a partir de fin de mes, no sólo incluirá sentencias firmes sino también las que no lo son. En los próximos meses esa base de datos se completará con las medidas cautelares (prisión, fianza, ordenes de alejamiento...) y las órdenes de busca y captura que hayan dictado los órganos judiciales.
- Formación adecuada de los funcionarios. Las Administraciones encargadas de surtir de personal a los juzgados -las comunidades competentes en Justicia y el ministerio- no cuentan con funcionarios titulares para cubrir bajas. Por esa razón, las suplencias las realizan en muchos casos personas reclutadas por los servicios de empleo (el antiguo Inem) sin ningún tipo de formación jurídica. El CGPJ aprobó el pasado octubre una batería de medidas encaminadas a reducir este personal provisional y a programar cursos de formación para los que carezcan de experiencia. El año pasado estaba previsto que se incorporaran 4.403 nuevos funcionarios titulares, según dijo el ministro en mayo. En cuanto a los interinos, "se valora su experiencia, el haber aprobado algún ejercicio de la oposición o el ser licenciado en derecho", aseguró. Pero el ministerio sólo es responsable de seleccionarlos en los territorios en los que el Estado mantiene las competencias.
- Carga máxima de trabajo razonable. El anterior Consejo aprobó un reglamento para calcular el número de asuntos que debía resolver cada órgano judicial. El sistema buscaba mejorar la productividad ya que a los jueces que superaban en más del 20% ese número de asuntos (denominado módulo) se les abonaba una paga adicional semestral de un 5% anual del salario bruto (unos 1.800 euros de media). Alrededor de 1.500 de los 4.500 jueces que hay en España superaban el módulo, hasta que el Supremo, en una sentencia de febrero de 2006 de la que fue ponente Margarita Robles -ahora vocal del Poder Judicial-, anuló el sistema. A la espera de que se apruebe uno nuevo -que las asociaciones quieren desligar de la productividad- los módulos se siguen usando para medir la carga de trabajo a la hora de evaluar retrasos o responsabilidades disciplinarias o para pedir nuevos órganos.
- Sustituciones por jueces titulares. Uno de cada 10 jueces es sustituto, juristas procedentes de la abogacía o la Universidad con menos formación que los titulares -ni oposición ni Escuela Judicial- seleccionados por los Tribunales Superiores. La ley dice que su función debe ser "excepcional" pero en Cataluña (que aporta pocos jueces), Euskadi (por ETA) y Canarias (por su lejanía) se han convertido en la regla. "Muchos órganos están permanentemente cubiertos por sustitutos", según Mercedes Izquierdo, vicepresidenta de la asociación que los une. Una de las razones de la alta interinidad es la feminización de la carrera y el aumento de maternidades y excedencias para cuidar a los hijos.
- Conciliación entre la vida laboral y la familiar. La supresión del traslado forzoso es una de las medidas que, en este campo, el Consejo ha arrancado al Ministerio. En toda la vida laboral de los jueces sólo existe un traslado de este tipo. Se produce cuando ascienden a magistrado, a los tres años de ejercicio.
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