Gestión promoción interna. Destinos
Destinos
Orden JUS/73/2009, de 14 de enero, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2976/2006 de 15 de septiembre, en el ámbito de Península y Baleares.
Orden JUS/73/2009, de 14 de enero, por la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, turno promoción interna, que superaron las pruebas selectivas convocadas por Orden JUS/2976/2006 de 15 de septiembre, en el ámbito de Península y Baleares.
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
PDF (BOE-A-2009-1554 - 3 págs. - 200 KB)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
PDF (BOE-A-2009-1555 - 7 págs. - 432 KB)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
PDF (BOE-A-2009-1556 - 4 págs. - 273 KB)
COMUNITAT VALENCIANA
PDF (BOE-A-2009-1558 - 3 págs. - 214 KB)
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
PDF (BOE-A-2009-1559 - 3 págs. - 217 KB)
COMUNIDAD DE MADRID
PDF (BOE-A-2009-1560 - 3 págs. - 247 KB)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
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COMUNITAT VALENCIANA
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
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COMUNIDAD DE MADRID
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Los jueces de la Región irán a la huelga el 18 de febrero
29ene2009
Fuente: laverdad.es
Los jueces de la Región confirman que irán a la huelga el 18 de febrero
El paro triunfa por mayoría, con 76 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones
Los jueces y magistrados de la Región ratificaron ayer, reunidos en asamblea, su intención de ponerse en huelga el próximo 18 de febrero. El paro triunfó por mayoría, con 76 votos a favor, 12 en contra y cinco abstenciones. La judicatura murciana no ha encontrado suficientes alicientes derivados de la reunión celebrada este lunes entre el Ministerio y las asociaciones judiciales para desconvocar el paro de togas que ya anunciaron en la reunión de la pasada semana.«Ante el señalado estado de deterioro, consideramos que es un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con la ciudadanía», explicaron en un comunicado emitido al término de su reunión. «Ha llegado el momento de exigir a los poderes públicos la definitiva solución de estas graves carencias con el fin de poder ofrecer a los ciudadanos un servicio público moderno, ágil, eficaz y adecuado a las necesidades y exigencias de la sociedad actual».
Los jueces y magistrados advierten de que esta jornada de huelga «afectará, sin perjuicio de los servicios mínimos que se establezcan, a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas por los jueces y magistrados que prestan sus servicios en este territorio».
La magistratura, sin embargo, aún deja una puerta abierta a la negociación y advierte que el paro se hará realidad el próximo 18 de febrero «siempre y cuando no se adopten o se formalice el correspondiente compromiso respecto de las reivindicaciones que están siendo objeto de negociación con el Ministerio de Justicia».
Redefiniendo posiciones
La huelga del 18 de febrero ya está respaldada por un 20% de la carrera judicial. Esta realidad ha llevado a los diferentes órganos a redefinir sus posiciones. Las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria (AJFdV) y Foro Judicial Independiente (FJI) celebrarán sendas reuniones antes del próximo martes con objeto de revisar su posición ante el paro. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial también han comenzado a analizar la postura que tomará este órgano.
Además, las dos principales asociaciones de secretarios judiciales han emitido un comunicado en el que advierten al Ministerio de Justicia que no consentirán compromisos de mejora de las condiciones laborales de otros cuerpos de la Justicia que «incrementen la discriminación» que, a su entender, sufre el secretariado.
Oferta de Empleo Público del Ministerio de Justicia para 2009
28ene2009
El Ministerio de Justicia hace pública la siguiente propuesta de OPE que formulan al MAP (que no es definitiva, aunque dudamos que haya cambios para mejorarla).
Si estos son los planes que tiene el Ministro para modernizar la Administración de Justicia, sólo podemos decir una cosa, el desastre continúa.
CUERPOS | LIBRE | PROMOCIÓN | TOTAL |
SECRETARIOS | 145 | 145 | 290 |
FORENSES | 5 | 5 | |
FACULTATIVOS DEL INT Y CIENCIAS FORENSES | 11 | 11 | 22 |
TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INT Y CIENCIAS FORENSES | 17 | 17 | 34 |
GESTIÓN | 15 | 15 | 30 |
TRAMITACIÓN | 50 | 50 | 100 |
AUXILIO | 50 | 50 | |
TOTAL | 293 | 238 | 531 |
ÁMBITO | FORENSES | GESTIÓN | TRAMITACIÓN | AUXILIO | TOTAL |
Andalucía | 9 | 74 | 118 | 132 | 333 |
Aragón | 1 | 7 | 1 | 9 | |
Canarias | 2 | 40 | 120 | 80 | 242 |
Cantabria | 4 | 4 | |||
Cataluña | 181 | 373 | 29 | 583 | |
Galicia | 7 | 7 | |||
Madrid | 268 | 459 | 177 | 904 | |
Navarra | 5 | 9 | 1 | 15 | |
Valencia | 5 | 65 | 100 | 25 | 195 |
País Vasco | 20 | 14 | 26 | 60 | |
TOTAL | 29 | 648 | 1204 | 471 | 2352 |
Desastroso estreno de la nueva aplicación del Registro Central de Penados y Rebeldes
Fuente: abc.es
Caos informático en el estreno del Registro de Penados y Rebeldes
L. R. T. / N. C. MADRID
Miércoles, 28-01-09
La nueva aplicación informática del Registro de Penados y Rebeldes, que empezó a funcionar ayer en los juzgados de toda España, se estrenó con el bloqueo del sistema y con un número de incidencias tan elevado que colapsó el Centro de Atención al Usuario (CAU) del Ministerio de Justicia. El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo ha invertido 1.230.000 euros en la mejora de este Registro, que estaba disponible desde el pasado día 19 con el fin de que sus usuarios se familiarizaran con el nuevo sistema.
L. R. T. / N. C. MADRID
Miércoles, 28-01-09
La nueva aplicación informática del Registro de Penados y Rebeldes, que empezó a funcionar ayer en los juzgados de toda España, se estrenó con el bloqueo del sistema y con un número de incidencias tan elevado que colapsó el Centro de Atención al Usuario (CAU) del Ministerio de Justicia. El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo ha invertido 1.230.000 euros en la mejora de este Registro, que estaba disponible desde el pasado día 19 con el fin de que sus usuarios se familiarizaran con el nuevo sistema.
Lo cierto es que, según fuentes consultadas por ABC, la aplicación ha dado problemas y ha provocado un aluvión de llamadas al CAU. Entre las quejas más frecuentes figura la imposibilidad de incorporar directamente al expediente digital la información recabada del Registro, lo que obliga a imprimir los datos. Además, carece de un buen sistema de búsqueda, circunstancia que ralentiza el trabajo.
La puesta en marcha de esta aplicación es uno de los objetivos que el ministro se había fijado para la modernización de la Justicia, pues permite a los juzgados disponer de forma inmediata de información sobre los delincuentes reincidentes y los huidos.
Secretarios. Nota mínima primer ejercicio promoción interna
Acuerdo del Tribunal Nº 1, por el que se fija la nota mínima necesaria para aprobar el primer ejercicio de la promoción interna.
Acuerdo de 28 de enero. (PDF)
Áplicación informática Registro Central de Penados y Rebeldes. Cooperación judicial internacional. 20 millones modernización tecnológica
27ene2009
Los jueces siguen con las movilizaciones
26ene2009
Fuente: europapress.es
Bermejo promete 20 millones de euros para la modernización
Las asociaciones de jueces mantienen las movilizaciones
MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, prometió hoy a las principales asociaciones de jueces un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que calificó como un "importantísimo esfuerzo económico añadido" y que, según dijo, "permitirá adelantar los plazos marcados". No obstante, los jueces, que hoy renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron que mantendrán sus protestas porque "la situación no está resuelta".
"El Gobierno ha decidido hacer un importantísimo esfuerzo económico añadido de 20 millones de euros, que supone un aumento de casi un 30 por ciento de la cifra ya presupuestada", indicó el ministro junto a una serie de medidas que entrarán en vigor, según anunció, en este 2009. "El programa que tenemos de modernización tardará más si no aportamos ese dinero, nos va a permitir acortar los tiempos", añadió.
No obstante, las cuatro principales asociaciones de jueces --Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)-- coincidieron en asegurar que "la situación no está resuelta".
Así lo explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión, que se alargó durante siete horas y media, el portavoz de la APM, Antonio García, quien tomó la palabra en nombre de sus compañeros para admitir la "disposición" mostrada hoy por el Ministerio, "aunque no con la intensidad deseada". "Esperábamos una respuesta clara y concreta", dijo al tiempo que explicó que las soluciones propuestas por el Departamento "no satisfacen enteramente a las asociaciones".
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, prometió hoy a las principales asociaciones de jueces un fondo de 20 millones de euros destinado a la modernización de la Justicia, que calificó como un "importantísimo esfuerzo económico añadido" y que, según dijo, "permitirá adelantar los plazos marcados". No obstante, los jueces, que hoy renunciaron a sus exigencias retributivas, aseguraron que mantendrán sus protestas porque "la situación no está resuelta".
"El Gobierno ha decidido hacer un importantísimo esfuerzo económico añadido de 20 millones de euros, que supone un aumento de casi un 30 por ciento de la cifra ya presupuestada", indicó el ministro junto a una serie de medidas que entrarán en vigor, según anunció, en este 2009. "El programa que tenemos de modernización tardará más si no aportamos ese dinero, nos va a permitir acortar los tiempos", añadió.
No obstante, las cuatro principales asociaciones de jueces --Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces para la Democracia (JpD), Francisco de Vitoria (FdV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)-- coincidieron en asegurar que "la situación no está resuelta".
Así lo explicó en la rueda de prensa posterior a la reunión, que se alargó durante siete horas y media, el portavoz de la APM, Antonio García, quien tomó la palabra en nombre de sus compañeros para admitir la "disposición" mostrada hoy por el Ministerio, "aunque no con la intensidad deseada". "Esperábamos una respuesta clara y concreta", dijo al tiempo que explicó que las soluciones propuestas por el Departamento "no satisfacen enteramente a las asociaciones".
"No podemos conformarnos con lo que esta tarde y por la mañana nos ha explicado el ministro", zanjó García, quien aseguró que mantendrán los actos reivindicativos que tenía previstos. "A día de hoy las asociaciones consideran vigente a todos los efectos el documento reivindicativo", aseguró al tiempo que no cerró la puerta al diálogo anunciando futuros contactos. "La reunión ha servido para considerar abierto un proceso de soluciones dialogadas que se tendrán que ir perfilando a lo largo de próximas reuniones con el Ministerio", dijo.
El encuentro tuvo por objeto estudiar el documento reivindicativo emitido por los jueces el pasado día 13, mediante el cual, otorgaban al Ejecutivo socialista un plazo de seis meses para evaluar su compromiso con la modernización de la Justicia antes de acudir a una huelga el 26 de junio. Además, los jueces proponían sustituir por actos reivindicativos de menor intensidad la convocatoria de huelga fijada el pasado miércoles para el 18 de febrero por un 20 por ciento de la carrera.
NO SE JUSTIFICAN LAS PROTESTAS
Tan sólo unos minutos antes de que los representantes de las asociaciones judiciales compareciesen ante los medios de comunicación para ofrecer sus explicaciones, en la misma sala de prensa del Ministerio, Bermejo, acompañado por el Secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, se felicitaba por el balance "positivo" de la reunión "por mucho que no se hayan alcanzado acuerdos en algunos puntos".
"Entiendo que con el clima de diálogo que ha habido, esto no se justificaría", contestó Bermejo preguntado sobre la posibilidad de que las asociaciones mantuviesen sus protestas antes de que el propio García afirmase que "sólo con un buen tono no se deben considerar solucionados todos los problemas".
Bermejo aprovechó también para agradecer a los jueces su decisión de renunciar a sus exigencias retributivas. "Quiero agradecer a las asociaciones su gesto de generosidad y consecuente con la situación económica actual", dijo al tiempo que cerró la puerta de manera definitiva a subidas retributivas en este 2009, pero comprometiéndose a revisar este sistema en el futuro "cuando las condiciones económicas lo permitan".
A la hora de detallar los planes del Ministerio de cara a la modernización de la Justicia, Bermejo anunció, entre otras cuestiones, el desarrollo antes del próximo 31 de diciembre de un sistema de comunicación telemática --conocido como el sistema Lexnet-- para lo que se aportarán cinco millones de euros.
COMPROMISOS
En el mismo plazo de tiempo, el titular de Justicia anunció la creación de un consorcio entre el Estado y las Comunidades Autónomas para el intercambio de información y compatibilizar los sistemas, un sistema de gestión procesal único "como paso previo a la implantación de la nueva oficina judicial" o el impulso de la oficina judicial sin papel en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
Las principales asociaciones judiciales se reunieron hoy con los representantes del Ministerio de Justicia después de que el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo les citase a una reunión urgente para analizar su postura de cara a la modernización de la Administración.
Concretamente, las exigencias de los jueces se basan en 8 puntos entre los que se encuentran la urgente instauración de la nueva oficina judicial, establecer un calendario concreto para la modernización tecnológica, que el Ministerio asuma el compromiso de que la agenda de señalamientos seguirá en manos de los magistrados, y no de los secretarios; y arbitrar un sistema adecuado de sustituciones judiciales mediante jueces titulares.
Ademas, los jueces piden la inmediata supresión del traslado forzoso por ascenso, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) establezca la carga máxima de trabajo razonable que puede asumir cada órgano judicial y que se proceda a la adecuación quinquenal en materia de retribuciones, especialmente en lo referente al pago de servicios de guardia, entre otras cuestiones.
En respuesta a estas exigencias, el ministro se comprometió hoy a mantener la cifra de crecimiento de plazas de jueces y fiscales, 150 y 100 plazas al, año respectivamente, poner en marcha un régimen de sustitución, suprimir el traslado forzoso y eliminar la interinidad en los juzgados.
En lo que no hubo acuerdo hoy fue en el compromiso de que los jueces mantengan la potestad para señalar los juicios, algo que tras la aprobación del anteproyecto de ley de reforma procesal por el Consejo de Ministros depende del Congreso de los Diputados, tal y como argumentó el ministro. "Ese punto es de extrema importancia", expresó García quien pidió que no se les arrebate a los magistrados una función, núcleo duro de la función jurisdiccional.
El encuentro se produce tan sólo cinco días después de que el 20 por ciento de la carrera acordase acudir a la huelga --protesta sin precedentes en el sector-- el próximo 18 de febrero, a la espera de lo que sucediese en la cita de hoy. No obstante, Bermejo aclaró hoy que "las asociaciones de jueces son el único interlocutor legítimo de la carrera".
Tanto las asociaciones como el Ministerio contaban hoy con la presión añadida del resultado de las juntas de jueces celebradas en toda España el pasado miércoles en las que una veintena de partidos judiciales, entre ellos los juzgados unipersonales de Madrid y Barcelona, decidieron no secundar las propuestas de las asociaciones escenificando así la fractura de la carrera.
Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, señaló esta tarde que "se debe colaborar con los jueces para solucionar todos los problemas que se puedan plantear". "Yo sólo puedo decir que hay buena voluntad ambas partes --jueces y gobierno", expresó Dívar antes de participar en la entrega de galardones del II edición de los premios "Foro Justicia y Discapacidad". "Hay que ser tolerantes (con los jueces) y comprender que la verdad no tiene un carácter exclusivo", sentenció.
Decisión de los jueces sobre la huelga
21ene2009
Fuente: elpais.com
Los jueces de Madrid deciden adelantar la huelga al 18 de febrero
Se unen a los de Murcia, Extremadura, Castellón, Gerona, Málaga y Sevilla.- La mayoría del resto de reuniones que se han celebrado se han inclinado por posponer a junio una posible huelga
Se unen a los de Murcia, Extremadura, Castellón, Gerona, Málaga y Sevilla.- La mayoría del resto de reuniones que se han celebrado se han inclinado por posponer a junio una posible huelga
Los jueces de Madrid han decidido hoy durante la reunión de su Junta General en los juzgados de Plaza de Castilla el adelanto de la huelga al 18 de febrero. Esta decisión ha sido tomada por los 204 jueces presentes en la convocatoria, sobre un total de 260. De esta manera, se unen a lo acordado ya hoy por Extremadura, Murcia y Zamora. Además han votado a favor de una segunda jornada de huelga para el 26 de febrero. El motivo para adelantar la protesta ha sido que relegarla al 26 de junio significaba dilatarla demasiada en el tiempo y no servía así como medida de presión.
En la Junta estaban presentes 140 jueces que representaban a 204. El sentir de la Junta era el de adelantar la huelga, pero para votarlo se han constituido en Asamblea. El juez decano de Madrid, José Luis Armengol, ha afirmado que la decisión se ha tomado por "amplísima mayoría". En total ha habido 103 votos a favor, 18 en contra y algunas abstenciones. Los que tenían el voto delegado de otros colegas no han podido ejercerlo porque votar requería presencia física.
Los jueces mantienen distintas peticiones. Entre ellas, que se adecúe el ratio de jueces por 100.000 habitantes a la media europea. España tiene 10, la media es 20, Alemania, 26. Para ello deben crearse en el plazo de cinco años 1.200 nuevas plazas de jueces, ahora hay 4.400. También piden que se cumpla la ley de retribuciones, ya aprobada, y que supondría subidas salariales. También rechazan el proyecto legal de Justicia de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios. Según los jueces, sólo eso habría justificado una huelga.
Cualquier decisión se condiciona al resultado de la reunión entre el Gobierno y las asociaciones de jueces convocada para el próximo lunes. En este sentido, el Ministerio de Justicia aseguró esta tarde, a través de una nota de prensa, que mantiene abiertos "todos los cauces de diálogo con los jueces a través de las asociaciones judiciales que les representan".
Los jueces mantienen distintas peticiones. Entre ellas, que se adecúe el ratio de jueces por 100.000 habitantes a la media europea. España tiene 10, la media es 20, Alemania, 26. Para ello deben crearse en el plazo de cinco años 1.200 nuevas plazas de jueces, ahora hay 4.400. También piden que se cumpla la ley de retribuciones, ya aprobada, y que supondría subidas salariales. También rechazan el proyecto legal de Justicia de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios. Según los jueces, sólo eso habría justificado una huelga.
Cualquier decisión se condiciona al resultado de la reunión entre el Gobierno y las asociaciones de jueces convocada para el próximo lunes. En este sentido, el Ministerio de Justicia aseguró esta tarde, a través de una nota de prensa, que mantiene abiertos "todos los cauces de diálogo con los jueces a través de las asociaciones judiciales que les representan".
A favor y en contra
A lo largo de la mañana, la mayoría de las juntas de jueces que se han celebrado se han inclinado por posponer a junio una posible huelga, como habían propuesto las asociaciones judiciales, y han descartado sumarse al paro que ya han convocado para el 18 de febrero los jueces de Murcia, Extremadura y Zamora. En Murcia, los jueces ha decidido mantener la convocatoria del paro el 18 de febrero, aunque han fijado una nueva reunión para el día 28 para analizar la posibilidad de desconvocar la protesta, en función del resultado de la reunión que mantendrán el próximo lunes las asociaciones con el Ministerio de Justicia. En Castellón y Sevilla, las distintas juntas provinciales han aprobado por mayoría secundar la huelga propuesta para el próximo 18 de febrero. En las Juntas de Jueces de las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca se ha rechazado hoy de forma mayoritaria secundar la huelga.
Los jueces de los juzgados unipersonales de Barcelona, Tarragona y Girona han acordado hoy ir a la huelga el próximo 18 de febrero En la reunión de Barcelona, un total de 115 jueces han votado por ir a la huelga y 107 se han mostrado en contra.
A lo largo del día, en las Audiencias de Lleida, Asturias y Zamora se ha votado a favor de que sean las asociaciones de jueces las que guíen el proceso de negociación y las movilizaciones, y han rechazado convocar una huelga el 18 de febrero. Esa ha sido también la decisión de las juntas de jueces de Inca y Manacor (Baleares) y Albacete, donde se ha acordado suscribir el "documento reivindicativo" de las asociaciones, aunque sin descartar la posibilidad de convocar la huelga el 26 de junio.
En Málaga, tanto los magistrados como los jueces han votado a favor de un paro para el 18 (por un total de 91 votos sobre 120) sin descartar otra convocatoria de huelga para el 26 de junio y han reivindicado "el cese de las injerencias y ofensas del resto de los poderes del Estado al poder judicial", informa Fernando J. Pérez.
Por su parte, la Junta de Jueces de la provincia de Valencia ha decidido hoy posponer su decisión de secundar la huelga de jueces a una nueva reunión, anunciada para el próximo día 29, en la que estudiará el "resultado" del encuentro que habrán mantenido, tres días antes, las asociaciones de jueces con el Ministerio.
Qué reivindican los jueces
Esto es lo que reclaman:
- Instauración de la nueva oficina judicial. Superar la estructura arcaica de los juzgados y tribunales es una de las reivindicaciones históricas de los jueces. El primer paso se dio en diciembre de 2003 cuando se aprobó la reforma legal que sirvió de marco a la nueva oficina judicial. La nueva ley, en vigor desde enero de 2004, pretende desligar al juez de todo el trabajo administrativo (dejando la dirección burocrática al secretario judicial) para que se dedique sólo a su principal labor: resolver asuntos. Cinco años después, el desarrollo de esa norma -que implica reformar otras 15 leyes para determinar las competencias de los jueces y los secretarios judiciales en la nueva oficina-, sigue sin aprobarse. Y el proyecto de ley del Gobierno elaborado en diciembre no gusta a la judicatura porque la priva de la facultad de señalar juicios y vistas dejándosela al secretario. El Gobierno asegura que la nueva oficina estará lista a principios de 2010 como piden los jueces, pero rechaza -con el apoyo del CGPJ- que sigan controlando su agenda como hasta ahora. Los magistrados piden, además, que se equipare el ratio de jueces por habitante a la media europea con la creación de 1.200 nuevas plazas. "Aquí tenemos 10 jueces por cada 100.000 personas, mientras que en Europa tienen 20", aseguró la pasada semana el decano de Madrid, José Luis González Armengol.
- Incorporación de las nuevas tecnologías. Fue uno de los escándalos colaterales del caso Mari Luz. El pederasta que supuestamente mató a la niña cuando tenía que estar en prisión acudía con normalidad a otros juzgados cuyos titulares, debido a los deficientes sistemas informáticos, no pudieron conocer que estaba condenado en firme por abusar de su propia hija. Cada autonomía competente en Justicia -que debe aportar los medios materiales a los juzgados de su territorio- ha creado su propio sistema informático y el Ministerio de Justicia aporta el suyo al resto. Justizia Bat, Cicerone, Atlante, Adriano, Minerva... Son aplicaciones mejores o peores, pero que en ningún caso son compatibles entre sí. La firma digital es válida en otras Administraciones, como la tributaria o los ayuntamientos, pero un expediente judicial electrónico es ciencia-ficción. Los juzgados son islas que almacenan toneladas de papeles. El ministerio acaba de dar un paso adelante en la dirección que reclaman los jueces con la instalación de la nueva aplicación del Registro de Penados y Rebeldes que, a partir de fin de mes, no sólo incluirá sentencias firmes sino también las que no lo son. En los próximos meses esa base de datos se completará con las medidas cautelares (prisión, fianza, ordenes de alejamiento...) y las órdenes de busca y captura que hayan dictado los órganos judiciales.
- Formación adecuada de los funcionarios. Las Administraciones encargadas de surtir de personal a los juzgados -las comunidades competentes en Justicia y el ministerio- no cuentan con funcionarios titulares para cubrir bajas. Por esa razón, las suplencias las realizan en muchos casos personas reclutadas por los servicios de empleo (el antiguo Inem) sin ningún tipo de formación jurídica. El CGPJ aprobó el pasado octubre una batería de medidas encaminadas a reducir este personal provisional y a programar cursos de formación para los que carezcan de experiencia. El año pasado estaba previsto que se incorporaran 4.403 nuevos funcionarios titulares, según dijo el ministro en mayo. En cuanto a los interinos, "se valora su experiencia, el haber aprobado algún ejercicio de la oposición o el ser licenciado en derecho", aseguró. Pero el ministerio sólo es responsable de seleccionarlos en los territorios en los que el Estado mantiene las competencias.
- Carga máxima de trabajo razonable. El anterior Consejo aprobó un reglamento para calcular el número de asuntos que debía resolver cada órgano judicial. El sistema buscaba mejorar la productividad ya que a los jueces que superaban en más del 20% ese número de asuntos (denominado módulo) se les abonaba una paga adicional semestral de un 5% anual del salario bruto (unos 1.800 euros de media). Alrededor de 1.500 de los 4.500 jueces que hay en España superaban el módulo, hasta que el Supremo, en una sentencia de febrero de 2006 de la que fue ponente Margarita Robles -ahora vocal del Poder Judicial-, anuló el sistema. A la espera de que se apruebe uno nuevo -que las asociaciones quieren desligar de la productividad- los módulos se siguen usando para medir la carga de trabajo a la hora de evaluar retrasos o responsabilidades disciplinarias o para pedir nuevos órganos.
- Sustituciones por jueces titulares. Uno de cada 10 jueces es sustituto, juristas procedentes de la abogacía o la Universidad con menos formación que los titulares -ni oposición ni Escuela Judicial- seleccionados por los Tribunales Superiores. La ley dice que su función debe ser "excepcional" pero en Cataluña (que aporta pocos jueces), Euskadi (por ETA) y Canarias (por su lejanía) se han convertido en la regla. "Muchos órganos están permanentemente cubiertos por sustitutos", según Mercedes Izquierdo, vicepresidenta de la asociación que los une. Una de las razones de la alta interinidad es la feminización de la carrera y el aumento de maternidades y excedencias para cuidar a los hijos.
- Conciliación entre la vida laboral y la familiar. La supresión del traslado forzoso es una de las medidas que, en este campo, el Consejo ha arrancado al Ministerio. En toda la vida laboral de los jueces sólo existe un traslado de este tipo. Se produce cuando ascienden a magistrado, a los tres años de ejercicio.
Esto es lo que reclaman:
- Instauración de la nueva oficina judicial. Superar la estructura arcaica de los juzgados y tribunales es una de las reivindicaciones históricas de los jueces. El primer paso se dio en diciembre de 2003 cuando se aprobó la reforma legal que sirvió de marco a la nueva oficina judicial. La nueva ley, en vigor desde enero de 2004, pretende desligar al juez de todo el trabajo administrativo (dejando la dirección burocrática al secretario judicial) para que se dedique sólo a su principal labor: resolver asuntos. Cinco años después, el desarrollo de esa norma -que implica reformar otras 15 leyes para determinar las competencias de los jueces y los secretarios judiciales en la nueva oficina-, sigue sin aprobarse. Y el proyecto de ley del Gobierno elaborado en diciembre no gusta a la judicatura porque la priva de la facultad de señalar juicios y vistas dejándosela al secretario. El Gobierno asegura que la nueva oficina estará lista a principios de 2010 como piden los jueces, pero rechaza -con el apoyo del CGPJ- que sigan controlando su agenda como hasta ahora. Los magistrados piden, además, que se equipare el ratio de jueces por habitante a la media europea con la creación de 1.200 nuevas plazas. "Aquí tenemos 10 jueces por cada 100.000 personas, mientras que en Europa tienen 20", aseguró la pasada semana el decano de Madrid, José Luis González Armengol.
- Incorporación de las nuevas tecnologías. Fue uno de los escándalos colaterales del caso Mari Luz. El pederasta que supuestamente mató a la niña cuando tenía que estar en prisión acudía con normalidad a otros juzgados cuyos titulares, debido a los deficientes sistemas informáticos, no pudieron conocer que estaba condenado en firme por abusar de su propia hija. Cada autonomía competente en Justicia -que debe aportar los medios materiales a los juzgados de su territorio- ha creado su propio sistema informático y el Ministerio de Justicia aporta el suyo al resto. Justizia Bat, Cicerone, Atlante, Adriano, Minerva... Son aplicaciones mejores o peores, pero que en ningún caso son compatibles entre sí. La firma digital es válida en otras Administraciones, como la tributaria o los ayuntamientos, pero un expediente judicial electrónico es ciencia-ficción. Los juzgados son islas que almacenan toneladas de papeles. El ministerio acaba de dar un paso adelante en la dirección que reclaman los jueces con la instalación de la nueva aplicación del Registro de Penados y Rebeldes que, a partir de fin de mes, no sólo incluirá sentencias firmes sino también las que no lo son. En los próximos meses esa base de datos se completará con las medidas cautelares (prisión, fianza, ordenes de alejamiento...) y las órdenes de busca y captura que hayan dictado los órganos judiciales.
- Formación adecuada de los funcionarios. Las Administraciones encargadas de surtir de personal a los juzgados -las comunidades competentes en Justicia y el ministerio- no cuentan con funcionarios titulares para cubrir bajas. Por esa razón, las suplencias las realizan en muchos casos personas reclutadas por los servicios de empleo (el antiguo Inem) sin ningún tipo de formación jurídica. El CGPJ aprobó el pasado octubre una batería de medidas encaminadas a reducir este personal provisional y a programar cursos de formación para los que carezcan de experiencia. El año pasado estaba previsto que se incorporaran 4.403 nuevos funcionarios titulares, según dijo el ministro en mayo. En cuanto a los interinos, "se valora su experiencia, el haber aprobado algún ejercicio de la oposición o el ser licenciado en derecho", aseguró. Pero el ministerio sólo es responsable de seleccionarlos en los territorios en los que el Estado mantiene las competencias.
- Carga máxima de trabajo razonable. El anterior Consejo aprobó un reglamento para calcular el número de asuntos que debía resolver cada órgano judicial. El sistema buscaba mejorar la productividad ya que a los jueces que superaban en más del 20% ese número de asuntos (denominado módulo) se les abonaba una paga adicional semestral de un 5% anual del salario bruto (unos 1.800 euros de media). Alrededor de 1.500 de los 4.500 jueces que hay en España superaban el módulo, hasta que el Supremo, en una sentencia de febrero de 2006 de la que fue ponente Margarita Robles -ahora vocal del Poder Judicial-, anuló el sistema. A la espera de que se apruebe uno nuevo -que las asociaciones quieren desligar de la productividad- los módulos se siguen usando para medir la carga de trabajo a la hora de evaluar retrasos o responsabilidades disciplinarias o para pedir nuevos órganos.
- Sustituciones por jueces titulares. Uno de cada 10 jueces es sustituto, juristas procedentes de la abogacía o la Universidad con menos formación que los titulares -ni oposición ni Escuela Judicial- seleccionados por los Tribunales Superiores. La ley dice que su función debe ser "excepcional" pero en Cataluña (que aporta pocos jueces), Euskadi (por ETA) y Canarias (por su lejanía) se han convertido en la regla. "Muchos órganos están permanentemente cubiertos por sustitutos", según Mercedes Izquierdo, vicepresidenta de la asociación que los une. Una de las razones de la alta interinidad es la feminización de la carrera y el aumento de maternidades y excedencias para cuidar a los hijos.
- Conciliación entre la vida laboral y la familiar. La supresión del traslado forzoso es una de las medidas que, en este campo, el Consejo ha arrancado al Ministerio. En toda la vida laboral de los jueces sólo existe un traslado de este tipo. Se produce cuando ascienden a magistrado, a los tres años de ejercicio.
Secretarios: plantilla correctora
Publicación de la plantilla correctora del primer ejercicio de la promoción interna celebrado el pasado 18 de enero.
Acuerdo de 20 de enero. (PDF)
Plantilla Correctora. (PDF)
Flojo debate en un canal regional sobre la huelga de los jueces
Ayer el Canal 6 regional emitió el programa “el debate: la huelga de los jueces” el cual resultó anodino y falto de interés. En primer lugar, porque faltó diversidad en los invitados, tres eran jueces, y en segundo lugar porque muchas cosas que se pudieron decir, no se dijeron.
Si los jueces quieren hacer huelga y pueden hacerla, pues que la hagan. Que existe un grave problema de carencia de medios personales y materiales en la administración de justicia; no es nada nuevo, hace muchos años que se viene arrastrando esa situación. Sobre la oportunidad de hacerla en este momento precisamente; que cada uno opine lo que quiera. Respecto a si detrás de todo esto se esconden motivos económicos; el tiempo nos lo dirá.
Pero hay una cosa patente, la gravedad de la situación en la Administración de Justicia, llamémosla colapso, atraso o como queramos, no ha ocurrido de la noche a la mañana. Nos guiamos por datos estadísticos que no son fiel reflejo de la realidad y por inspecciones de compromiso que se avisan con la suficiente antelación como para que al órgano judicial le dé tiempo de realizar un lavado de cara para que la situación parezca mejor que lo que en realidad es, ¿cómo llamamos a esto?, ¿porqué los jueces nunca han denunciado estas situaciones? Si dicen haber denunciado la gravedad de la situación y las carencias mediante la remisión de oficios al CGPJ, Ministerio de Justicia y Salas de Gobierno y han visto que esa medida no era efectiva, porqué han esperado tanto tiempo para adoptar otras más contundentes.
Los sindicatos sí, que hace tiempo venimos denunciando la gravedad de la situación de la Administración de Justicia y digo “los sindicatos” y no sólo UGT, para ser fiel a la realidad. Constancia de ello ha quedado en las muchas mesas de negociación celebradas y en otros tantos escritos presentados.
Respecto a la intervención de la compañera de la Junta de Personal que acudió al programa, (no sabemos porque el Canal 6 invita siempre al mismo sindicato, ya que en la Junta existen tres y sería más enriquecedor conocer el parecer de todos) hay que decir que estuvo en la línea del programa, siendo una pena que dejara sin respuesta las preguntas más interesantes que el entrevistador formuló al final del mismo. Ahora, eso sí, quedó bien claro a que sindicato pertenecía.
Visita del Ministro de Justicia a la Región
19ene2009
El Sindicato de Justicia de la UGT acude a la inauguración de las obras de la Fase II de la Ciudad de la Justicia de Murcia con un objetivo marcado; trasladar al Ministro de Justicia diversas cuestiones relacionadas con la mejora de las condiciones de trabajo de los Cuerpos al Servicio de la Administración de Justicia de la Región, entre ellas:
1º Como cuestión prioritaria UGT ha pedido al Ministro de Justicia el archivo de los expedientes abiertos durante la huelga a los compañeros que prestan sus servicios en órganos judiciales del Palacio de Justicia de Cartagena J.S.C. y R.Y.H. El Ministro se ha comprometido a estudiarlo cuando regrese a Madrid. No obstante esta misma tarde UGT ha mandado un correo electrónico recordatorio al Jefe del Gabinete del Ministro facilitando los datos de los expedientados.
2º Se ha puesto en conocimiento del Ministro la penosa situación de los Registros Civiles de la Región, solicitando el aumento o refuerzo de las plantillas y la creación de un Registro Civil Único para Cartagena.
3º Se ha pedido, además de la creación urgente de nuevos órganos, que en los Juzgados de lo Penal se cobren cantidades asimiladas a las guardias de los Juzgados de Instrucción por la celebración de los juicios rápidos.
4º Que los funcionarios destinados en los Juzgados de Violencia vean incrementadas sus retribuciones acorde con el trabajo que realizan.
El Ministro ha confirmado la designación por la Comunidad Autónoma como interlocutor en el proceso de trasferencias a la Región del diputado regional D. Manuel Campos.
También ha informado que para el mes de junio habrá finalizado el trámite parlamentario para la reforma de las leyes procesales que atribuirán nuevas funciones a los Secretarios judiciales.
Como harán los Jueces la huelga
16ene2009
Fuente: elpais.com
Los jueces idean una treta para evitar que el Poder Judicial frene su huelga
Los decanos aconsejan convocar asambleas en lugar de juntas, cuyos acuerdos pueden ser anulados por los tribunales superiores de justicia o por el Consejo
Los decanos aconsejan convocar asambleas en lugar de juntas, cuyos acuerdos pueden ser anulados por los tribunales superiores de justicia o por el Consejo
Los jueces no piensan permitir que ningún órgano decida por ellos si tienen o no derecho a la huelga. Los decanos de las principales ciudades que se reunieron el pasado sábado en Madrid elaboraron un documento en el que guían a sus compañeros para evitar que sus máximos órganos gubernativos -las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en todo el país- intenten frenar la convocatoria del paro.
El argumentario, que todos los jueces y magistrados han recibido en su correo electrónico corporativo, aconseja convocar asambleas posteriores a las juntas de jueces que se reunirán el próximo 21 de enero en las que, en principio, estaba previsto votar la huelga. Así sortearían el control de los tribunales superiores y del Consejo, competentes para anular los acuerdos de las juntas.
El sistema para esquivar a los órganos de gobierno está previsto únicamente para el caso en que esas juntas tengan previsto fijar la fecha de su movilización para el próximo 18 de febrero, una posibilidad propuesta por los jueces de Extremadura, Murcia y Zamora, además de al menos otros 255 que, hasta el pasado lunes, habían apoyado a título personal y con nombres y apellidos esa iniciativa.
Las cuatro asociaciones de jueces y magistrados, en su encuentro del pasado lunes, acordaron organizar un acto reivindicativo para el próximo 18 de febrero y, en caso de que el Gobierno y el Parlamento no atiendan sus reivindicaciones, convocarían la huelga para el 26 de junio.
El documento aprobado por los decanos recomienda para ese caso "realizar una convocatoria diferenciada para la celebración de una asamblea de jueces y magistrados a continuación de la junta o reunión provincial o autonómica". Esa segunda reunión pretende, en primer lugar, "evitar tentaciones de un eventual control de legalidad de la convocatoria o adhesión a la huelga por parte de los órganos superiores de gobierno del Poder Judicial", es decir, las salas de gobierno y el Consejo.
Los acuerdos de las juntas de jueces se envían a los tribunales superiores, cuyas salas de gobierno, el máximo órgano administrativo del Poder Judicial en cada comunidad, controlan si se ajustan o no a la ley. Así pues, una convocatoria de huelga por una junta podría en teoría ser revisada e incluso anulada por una sala de gobierno que considerara que adoptar esa decisión no se encuentra entre sus atribuciones.
Las competencias de estas juntas, según la Ley del Poder Judicial, son "proponer las normas de reparto" de asuntos en los diferentes juzgados, "unificar criterios y prácticas" y "tratar asuntos comunes o sobre los que estimaren conveniente elevar exposición a la sala de gobierno correspondiente o al Consejo General del Poder Judicial". Lo mismo ocurre con el Consejo que, como órgano superior a las salas de gobierno, puede también corregir o rechazar las decisiones de las juntas.
El Consejo del Poder Judicial, a través de su portavoz, Gabriela Bravo, aseguró el miércoles que no corresponde al Consejo, sino a los tribunales o al legislador determinar si los jueces tienen restringido el derecho fundamental a la huelga.
El segundo objetivo previsto por el plan de los decanos es "salvar las dudas interpretativas sobre la legitimación de las juntas y reuniones reglamentarias para convocar o adherirse a una huelga" que plantea el decreto ley que, desde 1977, regula ese derecho fundamental. El artículo 3.2 de esa norma preconstitucional establece que sólo están legitimados para declararla "los trabajadores, a través de sus representantes" por "decisión mayoritaria" de estos últimos. El problema es que las juntas no son organismos de representación laboral como, por ejemplo, los comités de empresa, sino órganos administrativos.
Esas dudas sobre si las juntas pueden organizar la protesta "quedarían definitivamente resueltas si dichos acuerdos se adoptan en asamblea específicamente convocada al efecto", según el argumentario redactado por los jueces decanos. Se trataría de organizar una suerte de "asamblea de trabajadores" que, según la normativa laboral, sí sería competente para convocar el paro.
A la reunión del pasado sábado en la que se acordó este plan de reivindicaciones acudieron los decanos de Madrid, Zaragoza, Valencia, Alicante, Murcia, Santiago de Compostela, Cáceres, Palencia, Catarroja (Valencia), Leganés, Móstoles y Getafe (Madrid). Los de Valencia y Zaragoza, junto con los de Barcelona, Sevilla, Málaga, Bilbao y Palma de Mallorca, suscribieron el miércoles otro documento en el que se adhirieron al plan de movilizaciones acordado por las asociaciones de jueces, que plantea posponer la huelga hasta el mes de junio.
El texto, que indica muy pormenorizadamente los pasos a seguir el día 21, da idea de la organización con la que se prepara la movilización. El plan se basa en los estudios de un grupo de trabajo creado al efecto por la junta de jueces de Murcia, una de las primeras en proponer la huelga para el próximo 18 de febrero.
Gestión promoción interna. Publicación en el BOE adjudicación de plazas
La fecha prevista para la publicación en el B.O.E. de las adjudicaciones de plazas del Cuerpo de Gestión promoción interna es el día 30 de enero.
Interinos en Canarias
Fuente: laopinion.es
Seis de cada 10 funcionarios de Justicia en las Islas, interinos
En Arona, de 126 trabajadores en los juzgados, sólo cuatro ganaron su plaza
BELÉN MOLINA-EFE SANTA CRUZ DE TENERIFE-MADRID Más del 57 por ciento de los funcionarios en la Administración de Justicia en Canarias son interinos y muchos de los que han accedido a una plaza ni siquiera tienen conocimientos de Derecho. El dato es más alarmante en algunos partidos judiciales, como Arona, donde de 126 funcionarios, sólo cuatro tienen la plaza ganada por oposición. Canarias es así una de las comunidades autónomas con mayor interinidad del Estado en materia de Justicia. Este es uno de los ejemplos de falta de medios o medios precarios que los jueces han puesto sobre la mesa en sus reivindicaciones por la mejora de dotación de los juzgados, a la espera de que se implante el nuevo modelo de oficina judicial, en enero de 2011, que exige mayores titulaciones al personal al servicio de la Administración de Justicia. Esa interinidad es una de las claves del actual funcionamiento de los juzgados, que revierte también en los jueces, secretarios judiciales y el propio cuerpo de funcionarios. Al igual que ocurre con los funcionarios ocurre con los jueces, con un alto porcentaje de sustitutos que en la práctica vienen a ser interinos. "Necesitamos al menos 20 jueces por cada 100.000 habitantes, es decir, el doble que en la actualidad", afirma el juez decano de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis de Lorenzo Bragado. Esa sería la media europea por población, aunque en algunos países como Alemania, la tasa alcanza a 40 jueces por cada 100.000 habitantes. En resumen, el problema de la Justicia, indica Lorenzo Bragado, pasa "por una mayor esfuerzo de inversión. Es necesario doblar la planta judicial".Este es uno de los ocho puntos en la tabla reivindicativa que las asociaciones de jueces pactaron el pasado lunes para convocar paros el 18 de febrero y una huelga el 26 de junio.
Reunión y apoyos
Por su parte, el Ministerio de Justicia convocó ayer a las asociaciones judiciales a una "reunión urgente" fijada para el día 26 para analizar las reivindicaciones de la carrera judicial, cuyas protestas siguen sumando apoyos, como el de los jueces decanos, que han suscrito un documento en el que apoyan la huelga.En el escrito que Justicia ha remitido a las cuatro asociaciones judiciales -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente(FJI)-, el Ministerio apela al "espíritu de diálogo" en interés de la Administración de Justicia y de los ciudadanos.Estas asociaciones amenazan con huelga si en esa fecha no obtienen respuesta a sus reclamaciones. Tras esa advertencia, los representantes de las asociaciones judiciales han acogido la convocatoria del Gobierno como una muestra de voluntad política, pero esperan que no se reduzca a una "mera declaración de intenciones" y que el Ejecutivo responda a alguna de sus peticiones.Al tiempo que el Gobierno reiteraba su voluntad de diálogo, las protestas de las asociaciones obtenían el respaldo de los jueces decanos, que ayer entregaron al CGPJ sus propuestas para modernizar la Justicia. Texto suscrito por los jueces decanos de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca.
El Gobierno insiste en dialogar
efe
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ayer que el Gobierno está dispuesto a hablar con las asociaciones judiciales y a actuar para mejorar la situación de la Justicia. "Si las asociaciones judiciales quieren hablar, siempre nos van a encontrar en la vía de poder hablar. Aquí estamos", respondió Fernández de la Vega al ser preguntada por el acto de protesta convocado en todas las sedes judiciales el 18 de febrero. En declaraciones a los periodistas tras visitar la sede del Boletín Oficial del Estado, la vicepresidenta recalcó que el Ejecutivo ha actuado ya para mejorar la Justicia, un objetivo en el que, según dijo, se ha invertido más en los últimos cuatro años que en los ocho anteriores. Preguntada por si defiende el derecho a la huelga de los jueces, respondió que su posición " es transmitir" que el Ejecutivo "estará dispuesto a hablar".
Opinión de la Unión Progresista de Fiscales sobre la huelga de los Jueces
La Unión Progresista de Fiscales en un comunicado denominado "DEBATE SOBRE NECESIDADES DE LA ADMON. DE JUSTICIA" da su opinión sobre la huelga o paro de los jueces.
Forma de las reivindicaciones.-
En primer lugar, es evidente que la Unión Progresista de Fiscales debe posicionarse respecto de los paros que como forma de protesta se han propuesto por algunos sectores de la carrera judicial y de los secretarios judiciales. Pues bien, con independencia de que la ciudadanía difícilmente va a entender los paros en los escalones superiores de la administración de justicia, en caso de producirse, lo cierto es que paralizar un servicio público esencial, siquiera un día, no parece el cauce más adecuado para formular peticiones en materia de política judicial, y en este sentido la Unión Progresista de Fiscales no es partidaria de “huelga” ni paro alguno. Jueces y Fiscales contamos con cauces de expresión de nuestras opiniones y peticiones en materia de política judicial más que suficientes. Lo cierto es que las opiniones expresadas son constante foco de atención periodística y vienen teniendo por ello el oportuno eco en los medios de comunicación, de forma que son sobradamente conocidas por la ciudadanía. No se entiende qué puede aportar un paro que no sea munición a quienes se limitan considerar que somos colectivos privilegiados, consentidos y corporativistas sin más. A ello se une la dificultad de fundar legalmente la viabilidad del ejercicio de un derecho de huelga que resulta incompatible con el carácter de Poder del Estado que los jueces ostentan (poder que, en este peculiar supuesto, es de titularidad no colectiva sino individual de cada juez) y que, por extensión, resulta difícilmente justificable en el caso de los fiscales.En cualquier caso, dejando de lado el debate jurídico abierto acerca del derecho de huelga, la responsabilidad institucional que nos es exigible y, sobre todo, la consideración hacia los ciudadanos, debe excluir cualquier radicalismo en las actividades reivindicativas. No es la protesta en sí la que otorgará legitimidad a las peticiones. Ahora bien, debemos exigir como mínimo la misma responsabilidad institucional al resto de poderes públicos, en particular al Ejecutivo, de quien se requiere una actitud decidida y dispuesta a abordar las mejoras que se estiman ineludibles, así como apertura al diálogo con las asociaciones profesionales, sin descalificaciones ni manifestaciones que puedan ser tomadas como injerencias en el funcionamiento ordinario de la administración de justicia.
Plantilla orgánica del Ministerio Fiscal
Ministerio Fiscal. Plantilla orgánicaReal Decreto 2123/2008, de 26 de diciembre, por el que se despliega la nueva estructura del Ministerio Fiscal y se establece su plantilla orgánica para el año 2008.
Deducciones en medicamentos a cargo de las mutualidades de funcionarios
Real Decreto 2130/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para aplicar las deducciones correspondientes a la dispensación de medicamentos de uso humano con cargo a las mutualidades de funcionarios.
Reunión Sindicatos con el diputado regional Manuel Campos
Ayer a las 11,00 horas tubo lugar en la sede del Partido Popular en Murcia una reunión convocada por el diputado regional Manuel Campos para informar sobre el estado del proceso de transferencias en materia de Justicia a la Región.Según informó el Sr. Campos, el mismo está facultado por el Consejo de Gobierno de la Región para participar en el proceso de transferencias, que aún no se ha comenzado a negociar. Existirá una Consejería de Justicia e Interior (o Seguridad). Existe compromiso con varios Alcaldes para la cesión de terrenos con el objeto de hubicar edificios para órganos judiciales, así:
MOLINA DE SEGURA.- Solar de 10.000 metros para nuevo Palacio, a 500 metros del actual.
MURCIA.- Solar de 5000 metros para instalar el Instituto Anatómico Forense, junto a la Fase II de la Ciudad de la Justicia, donde también se construirá un parking de 800 plazas para funcionarios y profesionales. RONDA DE GARAY: Se estudiarán alternativas para este edificio.
CARTAGENA: Parcela de 2 a 3 hectáreas para nuevo Palacio de Justicia, con tratamiento informatizado para aparcamiento.
LORCA: El Subdirector del Ministerio quiere que el nuevo edificio de los Juzgados salga fuera de la ciudad en un solar detras de la Colegiata.
Personal laboral. Proceso selectivo corrección de errores
Resolución de 8 de enero de 2009, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se corrigen errores de la de 22 de diciembre de 2008, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, con la categoría de Oficial de Actividades Específicas, sujeto al II Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado.
Pesonal laboral
13ene2009
PROMOCIÓN INTERNA Y TURNO LIBRE
Salen 93 plazas de la Administración de Justicia que estaban vacante de la oferta en empleo público de 2004 al 2007.
La convocatoria de la oposición en turno Libre y promoción Interna está en el BOE del 29 de Diciembre de 2008.
La Administración de Justicia se encargará del proceso selectivo para ingreso de personal laboral fijo de las categorías de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS y TITULADO MEDIO DE GESTION SERVICIOS COMUNES.
Recordar que hay una resolución del 7 de Enero donde salen las tres plazas de traductores que se habían olvidado anteriormente.
Al ver el Temario de los Psicólogos se aprecia, que faltan los temas específicos de Psicología Jurídica, por lo cual se comunica al Subdirector para que lo comunique al MAP y si es posible cambiar el temario, por lo cual es posible que se consiga retrasar el proceso selectivo un tiempo y dar más tiempo a los que se quieren presentar.
COBERTURA DE VACANTES
Las Gerencias Territoriales están realizando el proceso selectivo para cubrir todas las plazas vacantes, esperamos que en Febrero estén todas las plazas cubiertas.
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD
Se ha convocado una reunión specífica para el 20 de Enero para tratar la posibilidad de conseguir para todo el personal laboral de la Administración de Justicia, algún complemento de productividad, y ver como los compañeros que se han trasladado al I.M.L, cobren el complemento que tienen los compañeros que trabajan en ello con anterioridad.
Reunión de jueces decanos
12ene2009
Jueces decanos se reúnen en secreto en Madrid para preparar la huelga
Unifican criterios para el 'paro encubierto' del día 21 en toda España
Al menos 15 jueces decanos (entre ellos los de capitales como Madrid, Valencia, Zaragoza, Cáceres, Alicante, Murcia, Santiago o Palencia) celebraron ayer una reunión secreta en los juzgados de plaza de Castilla, de Madrid, para preparar la huelga anunciada para el próximo 18 de febrero. Si finalmente se lleva a cabo, será la primera huelga que hacen los jueces españoles.
Lo que ayer hicieron estos 15 decanos fue unificar el orden del día que elevarán a las juntas generales de jueces convocadas en toda España para dentro de diez días, el 21 de enero. Y en el orden del día incluyeron debatir y, en su caso, secundar la huelga que hace semanas convocaron los jueces de Murcia, Extremadura y Zamora.
Esta reunión de decanos fue alentada por mensajes de decenas de jueces de toda España a través de la web reservada que ha habilitado para ellos el Poder Judicial. Y en la que ya existe una avalancha de correos electrónicos de jueces que dan sus nombres y apellidos y que apoyan ir a la huelga en febrero.
La reunión de ayer en Madrid no era oficial. Los decanos se acercaron a la capital madrileña pagándose el viaje de sus bolsillos y desafiando las últimas nevadas. La nieve impidió que acudieran a la cita los decanos de Santander, A Coruña, Badajoz y Baracaldo, entre otros, según informaron asistentes a la reunión. Los decanos utilizaron el fin de semana para que el Consejo General del Poder Judicial no les pueda atribuir un abandono de sus funciones.
Lo que el día 21 debatirán los jueces en las citadas juntas generales es si anuncian una huelga en toda regla el próximo 18 de febrero. Los jueces de Murcia, Extremadura y Zamora ni siquiera han esperado al día 21: la aprobaron hace semanas. Las juntas previstas para el 21 en toda España serán en realidad la tercera huelga encubierta que desarrollan los jueces. Y son fruto de una serie de acontecimientos -"injerencia del Gobierno en el caso Mari Luz, la politización del Consejo y la falta de juzgados"- que han sumido al considerado tercer poder del Estado en su etapa más convulsa desde la llegada de la democracia.
Los decanos se reunieron en Madrid para consensuar el orden del día de las juntas del 21 y evitar que se debatan propuestas asimétricas, como ocurrió durante las reuniones celebradas en noviembre pasado, donde cada decanato configuró sus propias propuestas.
El orden del día consensuado ayer consta de siete puntos. El último, bajo el epígrafe "información sobre el derecho a la huelga convocada por otras juntas", es el que abre la espita para que en todas las juntas del día 21, los jueces debatan y voten si secundan el paro ya anunciado en Murcia, Extremadura y Zamora para el 18 de febrero. Los otros puntos pactados ayer contienen reivindicaciones al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, con plazos de cumplimiento, para que inviertan y modifiquen leyes que permitan desatascar los juzgados y equiparar a España en número de jueces con la media europea: 16 por cada 100.000 habitantes. Según asistentes a la reunión de ayer, España sólo llega a los nueve. Alemania, 24.
En el Departamento del ministro Mariano Fernández Bermejo y en la sede del Consejo del Poder Judicial hay coincidencia en que el derecho a la huelga está vetado a los jueces, por ser "el tercer poder del Estado". Desde el Consejo se han lanzando incluso advertencias de que se exigirán responsabilidades disciplinarias.
En el canal de Internet confidencial de los jueces arrasan los mensajes que sostienen que ninguna norma les prohíbe hacer huelga. Están asesorados por jueces de lo social (precisamente los que deciden si una huelga es o no legal). Y están tan convencidos de su legalidad que ya están confeccionado el comité de huelga.
Cerca de 300 jueces de toda España han dado sus nombres en la red apoyando la huelga del 18 de febrero. En España hay unos 4.400 jueces. Casi todos ellos, en secreto o mano alzada, tendrán oportunidad el día 21 de apoyar o no una huelga que arranca con lo que los jueces llaman Movimiento 8 de octubre por una reunión que mantuvieron en Cádiz 40 jueces decanos el pasado mes de octubre. Otra de las medidas de presión que estudian los jueces es la posibilidad de convocar "una gran manifestación en Madrid con pancartas", que concluiría frente a la sede de Justicia.
Orden del día
a) Exigir al ministerio que, en cinco años, tanto las inversiones en justicia como la cifra de jueces españoles sean equiparables a la media europea: 16 jueces por cada 100.000 habitantes.
b) Dotación y mejora de los recursos personales y técnicos (informática) de los juzgados. Y que se establezcan ya los refuerzos prometidos.
c) Que dentro de un año, jueces y secretarios tengan delimitadas sus funciones. Y que se cumpla la Ley de Retribuciones.
d) Los señalamientos de juicios serán exclusiva competencia del juez
e) Informar en las juntas el próximo día 21 del derecho a la huelga.
Esta reunión de decanos fue alentada por mensajes de decenas de jueces de toda España a través de la web reservada que ha habilitado para ellos el Poder Judicial. Y en la que ya existe una avalancha de correos electrónicos de jueces que dan sus nombres y apellidos y que apoyan ir a la huelga en febrero.
La reunión de ayer en Madrid no era oficial. Los decanos se acercaron a la capital madrileña pagándose el viaje de sus bolsillos y desafiando las últimas nevadas. La nieve impidió que acudieran a la cita los decanos de Santander, A Coruña, Badajoz y Baracaldo, entre otros, según informaron asistentes a la reunión. Los decanos utilizaron el fin de semana para que el Consejo General del Poder Judicial no les pueda atribuir un abandono de sus funciones.
Lo que el día 21 debatirán los jueces en las citadas juntas generales es si anuncian una huelga en toda regla el próximo 18 de febrero. Los jueces de Murcia, Extremadura y Zamora ni siquiera han esperado al día 21: la aprobaron hace semanas. Las juntas previstas para el 21 en toda España serán en realidad la tercera huelga encubierta que desarrollan los jueces. Y son fruto de una serie de acontecimientos -"injerencia del Gobierno en el caso Mari Luz, la politización del Consejo y la falta de juzgados"- que han sumido al considerado tercer poder del Estado en su etapa más convulsa desde la llegada de la democracia.
Los decanos se reunieron en Madrid para consensuar el orden del día de las juntas del 21 y evitar que se debatan propuestas asimétricas, como ocurrió durante las reuniones celebradas en noviembre pasado, donde cada decanato configuró sus propias propuestas.
El orden del día consensuado ayer consta de siete puntos. El último, bajo el epígrafe "información sobre el derecho a la huelga convocada por otras juntas", es el que abre la espita para que en todas las juntas del día 21, los jueces debatan y voten si secundan el paro ya anunciado en Murcia, Extremadura y Zamora para el 18 de febrero. Los otros puntos pactados ayer contienen reivindicaciones al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia, con plazos de cumplimiento, para que inviertan y modifiquen leyes que permitan desatascar los juzgados y equiparar a España en número de jueces con la media europea: 16 por cada 100.000 habitantes. Según asistentes a la reunión de ayer, España sólo llega a los nueve. Alemania, 24.
En el Departamento del ministro Mariano Fernández Bermejo y en la sede del Consejo del Poder Judicial hay coincidencia en que el derecho a la huelga está vetado a los jueces, por ser "el tercer poder del Estado". Desde el Consejo se han lanzando incluso advertencias de que se exigirán responsabilidades disciplinarias.
En el canal de Internet confidencial de los jueces arrasan los mensajes que sostienen que ninguna norma les prohíbe hacer huelga. Están asesorados por jueces de lo social (precisamente los que deciden si una huelga es o no legal). Y están tan convencidos de su legalidad que ya están confeccionado el comité de huelga.
Cerca de 300 jueces de toda España han dado sus nombres en la red apoyando la huelga del 18 de febrero. En España hay unos 4.400 jueces. Casi todos ellos, en secreto o mano alzada, tendrán oportunidad el día 21 de apoyar o no una huelga que arranca con lo que los jueces llaman Movimiento 8 de octubre por una reunión que mantuvieron en Cádiz 40 jueces decanos el pasado mes de octubre. Otra de las medidas de presión que estudian los jueces es la posibilidad de convocar "una gran manifestación en Madrid con pancartas", que concluiría frente a la sede de Justicia.
Orden del día
a) Exigir al ministerio que, en cinco años, tanto las inversiones en justicia como la cifra de jueces españoles sean equiparables a la media europea: 16 jueces por cada 100.000 habitantes.
b) Dotación y mejora de los recursos personales y técnicos (informática) de los juzgados. Y que se establezcan ya los refuerzos prometidos.
c) Que dentro de un año, jueces y secretarios tengan delimitadas sus funciones. Y que se cumpla la Ley de Retribuciones.
d) Los señalamientos de juicios serán exclusiva competencia del juez
e) Informar en las juntas el próximo día 21 del derecho a la huelga.
Registro Central de Penados y Rebeldes. Nuevas funciones sin negociar
10ene2009
El Ministerio de Justicia tiene previsto para el próximo día 27 de enero la entrada en funcionamiento de la nueva aplicación del Registro Central de Penado y Rebeldes, habiendo remitido a los Secretarios de Gobierno la CIRCULAR 1/2009 RELATIVA A LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA APLICACIÓN DEL REGISTRO CENTRAL DE PENADOS Y REBELDES, que dispone:
Apartado Segundo: Las notas pueden ser registradas y enviadas por el secretario judicial o registradas por otros funcionarios y revisadas y enviadas por el secretario judicial.
Apartado Sexto: El acceso a los datos contenidos en el Registro Central de Penados y Rebeldes se producirá a partir de las claves actualmente vigentes y con el perfil que corresponda. Como novedad, los secretarios judiciales pueden registrar y mantener desde la propia aplicación los datos de acceso al aplicativo, autorizando a un número limitado de funcionarios de su juzgado para que puedan consultar la base de datos y preparar la información, que posteriormente el secretario judicial, una vez validada, enviará al Registro.
Circular Registro Central de Penados y Rebeldes
Manual de registro y actualización
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